El eterno debate de la ley de Semillas

Por un lado, parte de las modificaciones planteadas por estos proyectos incluye el uso oneroso de la semilla para recaudar y reinvertir en más biotecnología, y rechaza el orden público (la intervención del Estado) en los contratos, dejando de lado el uso propio, permitido en la actualidad. Por el otro, existen proyectos que defienden el uso propio y libre de las semillas, la prohibición de la propiedad intelectual sobre semillas, y fomentan el orden público en los contratos.

En consonancia, en los últimos días ha ingresado un nuevo proyecto bajo el número 5193-D-2018, que dispone de obligaciones del Estado como diseñar políticas públicas a través de un Plan Nacional de Semillas para garantizar la investigación, innovación, producción, protección, distribución y almacenamiento de semillas; garantizar el derecho a la reserva y uso propio gratuito; conservar las semillas criollas y nativas; fomentar la agricultura familiar y campesina; fomentar la agroecología, y financiar ferias agroecológicas, entre otras.

Asimismo, el proyecto no sólo incluye cuestiones vinculadas al desarrollo de la producción agrícola y tecnológica y a la generación de divisas, sino que se plantea debatir acerca del sistema de producción en su totalidad incluyendo principios como: conservación de la biodiversidad; derecho a la alimentación soberana, sana y nutritiva; diversidad del sistema agroalimentario; información pública; participación social; principio precautorio, y soberanía sanitaria.

Es importante que un proyecto de ley de vital importancia para el sector agropecuario mencione el fomento a la transición hacia sistemas de producción más sustentables, como la agroecología; y que se priorice al ambiente y a los derechos de los pueblos, otorgando una mirada más holística y sustentable al debate de la producción agrícola.

FARN