Convenios de cooperación entre Defensorías
La Defensora del Pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna, firmó un Convenio de Cooperación y Difusión con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, en representación del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. El objeto del presente Convenio es establecer un marco general de colaboración entre las partes orientado a proporcionar una oferta integral de servicios de información y difusión de derechos, consulta, derivación y asistencia de las personas en condición de vulnerabilidad para facilitar su acceso a justicia.
Para la realización de este cometido se prevé la realización de actividades de difusión, fundamentalmente de información vinculada al Ministerio Público de Defensa- en especial- sobre la existencia y rol de la Defensoría Pública Oficial Federal de San Carlos de Bariloche, así como la promoción de los servicios de patrocinio jurídico gratuito para personas en condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, las Dras. Andrea Galaverna y Stella Maris Martínez se comprometieron a coordinar junto con el Programa de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación y la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia, la realización de actividades de capacitación e investigación en la temática de derecho a la salud, de seguridad social, género, pueblos originarios entre otros.
Participaron de la firma del Convenio Patricio Giardelli, Secretario General de Coordinación de la Defensoría General de la Nación y la Dra. Roxana Fariña, Defensora Pública Oficial del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche.
El espíritu del presente Convenio se sustenta en el “rol estratégico” que ambas instituciones están llamadas a cumplir en el desarrollo de políticas dirigidas a la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas y el acceso a justicia de ellas.
“La noción de acceso a la justicia se relaciona con la posibilidad de las personas, en igualdad de condiciones, de reclamar y hacer valer sus derechos y eliminar cualquier situación de desigualdad, discriminación, violencia, maltrato o abuso que estén sufriendo. Asegurar el acceso a la justicia de la población en general, y especialmente de aquellos sectores más vulnerables, no es sólo una exigencia de justicia social sino, antes bien, un indicador de la vigencia y consolidación de las instituciones democráticas en un Estado de Derecho.
“En se sentido- tal como se desprende del texto firmado hoy en la sede de la Defensoría del Pueblo de Bariloche- el presente Convenio se encamina a aunar esfuerzos entre ambas instituciones con el fin de remover barreras estructurales y socioculturales al acceso a la justicia basado en las necesidades jurídicas de las personas en condición de vulnerabilidad, mediante la vinculación de los distintos operadores intervinientes en la temática, promoviendo la elaboración de estrategias y actividades de colaboración y coordinación para proporcionar una oferta integral de servicios de información, consulta, derivación y asistencia que se adapte a las necesidades presentes en la sociedad”.
