Promueven crear unidades fiscales para tratar delitos de violencia del género

Las legisladoras Arabela Carreras, Silvia Paz, y Beatriz Contreras (JSRN) proponen crear unidades fiscales especializadas en violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual, en todas las circunscripciones judiciales de Río Negro.

El proyecto de ley promueve que dichas unidades fiscales serán competentes para entender en delitos cometidos contra cualquier persona por algún integrante de su grupo familiar mediando violencia doméstica; delitos perpetrados por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género; y delitos de desobediencia a una orden judicial que sean consecuencia de una resolución dictada en el marco de una causa judicial.

También entenderán en las causas de impedimento de contacto, de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y delitos contra la integridad sexual cualquiera sea la víctima.

Al argumentar la iniciativa legislativa, las parlamentarias señalan que “género no se refiere a las mujeres o a los hombres, sino a las relaciones de poder entre hombres y mujeres y a la construcción social de la feminidad y masculinidad”.

El análisis de género “identifica, analiza y ayuda a actuar sobre las desigualdades que surgen debido a los diferentes roles de las mujeres y los hombres y a cómo estas desigualdades ponen en desventaja a las mujeres”, explican.

Violencia de género, violencia contra la mujer, violencia sexista, violencia machista hacen referencia a aquellas formas de violencia que son ejercidas por los varones contra las mujeres “por el solo hecho de serlo y por la posición social que ocupan en la sociedad patriarcal en la que vivimos”.

Fundamentan que, desde una perspectiva social, “la desigualdad de género se expresa en diferentes ámbitos de la vida, en el acceso a la educación, salud, economía, en relación al trabajo o en el modo en que consideran a mujeres y hombres los medios de comunicación, en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar, en el ámbito del sistema jurídico y también en la política. Una de las expresiones más extremas de la desigualdad es la violencia de género”.

Apuntan las autoras de este proyecto de ley que “para consolidar la igualdad real entre mujeres y hombres es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una práctica social cuyo sustento fundamental es la discriminación y la construcción de relaciones de subordinación. Es así como las legislaciones tanto internacionales, como nacionales y locales, han reconocido la existencia de estas desigualdades”.

Concluyen que “el femicidio, la violencia de género en sus distintas formas, la violencia doméstica y los abusos sexuales representan un problema actual cuyo abordaje por parte del Estado tiene que ser integral, implementando las políticas públicas adecuadas para prevenirlas, erradicarlas y sancionar a sus autores”. (Bariloche Opina)