Acusan a Gennuso de "dejar en manos de Macri" a las mujeres que sufren violencia de género
La concejal Ana Marks denunció su preocupación por el inminente cierre de la línea local 102 de atención a víctimas de violencia de género y su pase a fines de este mes a la línea nacional 144.
Esta decisión ya había sido criticada por las organizaciones locales de mujeres, que vienen advirtiendo sobre las consecuencias negativas que la misma acarreará respecto de la efectividad de este dispositivo, cuando ya no sea atendido por operadoras locales.
Al respecto, Marks plantea que “en medio del ajuste del Estado Nacional que el gobierno de Mauricio Macri está implementando, el Intendente de Bariloche anuncia con bombos y platillos el cierre de la línea 102 y la transferencia de la primera respuesta a mujeres víctimas de violencia de género al Instituto Nacional de las Mujeres.”
La línea 144 tiene un equipo reducido de operadores que atienden en Buenos Aires y reciben denuncias de todo el país. En este sentido, la principal crítica es que los operadores de la línea nacional no cuentan con conocimiento del territorio ni del funcionamiento de los dispositivos institucionales a los cuales derivar a las mujeres para que reciban una efectiva contención y atención. La distancia les impide también mantener reuniones y generar articulaciones con el resto de los organismos de atención, acciones que han sido frecuentes y cotidianas desde los inicios de la línea local 102.
“Es necesario tener en cuenta que quien toma la difícil decisión de romper con la cadena de la violencia necesita contención específica y humanamente cercana, que le brinde la confianza necesaria y por lo tanto necesita una respuesta concreta y efectiva que no la deje en una situación de mayor vulnerabilidad que la que ya atraviesa."
Sobre las políticas de género del actual gobierno municipal Marks expresa: "Desde el inicio de esta gestión se desbarató la política pública en materia de género. El intendente decidió cerrar la Dirección de Equidad de Género para aplicar una supuesta política "transversal" pero nunca pudieron explicar cómo, ni mostrar resultados, excepto por los dispositivos que ya existían y que ahora están desmantelando.”
La Ley de Protección Integral hacia las mujeres determina que el Estado Nacional debe apoyar a las jurisdicciones para que cuenten con dispositivos propios. “En este sentido, el Municipio podría haber tomado la decisión de exigir al gobierno nacional los recursos para fortalecer el dispositivo local. En lugar de ello, eligen recortar políticas públicas. Esto no puede leerse de otra forma, que como un ajuste y un retroceso en la protección del Estado hacia los derechos de las mujeres".
