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Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad de Bariloche en conjunto con Árbol de Pie emitieron un informe donde plantean la necesidad de esta declaración. Destacan que la ciudad está al borde del colapso y que se deben limitar los grandes proyectos.
Proponen que se declare a Bariloche en emergencia infraestructural
20/11/2018

Proponen que se declare a Bariloche en emergencia infraestructural

En todo el mundo, durante la segunda mitad del Siglo XX y principios del XXI, se ha observado un crecimiento exponencial de las ciudades. Han aumentado en extensión y relevancia a expensas del suelo y los espacios naturales que están subordinados a ser proveedores de materias primas y receptores de desechos. A través de una mirada neoliberal, el suelo se ha convertido en una mercancía más, hasta el punto que las ciudades compiten entre sí para atraer inversiones. La ciudad se ha vuelto una máquina de crecimiento, donde su desarrollo produce rentas para élites empresariales y financieras y donde las comunidades deben sobrevivir ante las privatizaciones del suelo y la mayor parte de la gente que habita la ciudad y trabaja en ella no obtiene el mismo beneficio, ni tiene los mismos accesos a distintos servicios e infraestructuras de redes públicas.

La ciudad de Bariloche presenta características particulares que la hacen compleja.  Cuenta con casi el 20% de su ejido con características de urbano, y su crecimiento poblacional histórico en más de 100 años fue de los más importantes de Argentina, rondando mayormente el 5% anual (Rodríguez, 2014), cuando en la mayoría de las ciudades no supera el 1 o 2%. El crecimiento demográfico de una ciudad debe ser acompañado de la planificación del desarrollo local, en particular de sus infraestructuras, de forma que permita a la población insertarse en condiciones de habitabilidad dignas, con un coherente aparato productivo para promover su bienestar.

La  falta de compacidad y la conformación lineal de la ciudad a lo largo del Lago Nahuel Huapi y los accidentes naturales que la conforman, ha favorecido la fragmentación del ejido, donde resulta difícil y costoso proveer de una adecuada infraestructura. Dentro de este sistema complejo, creció no solo su población sino las construcciones, y esta última lo han hecho muy por arriba de la demanda de habitación permanente. Se puede considerar que -según datos obtenidos con miembros de la  UNRN- la demanda de dicha construcción para familias residentes rondaría las 740 unidades anualmente, contra una estadística ofrecida -en la propia página web del municipio- que indica un nivel de solicitud de permisos para obras a construir por sobre las 4500 unidades y otras 1500 remodelaciones, sumando un total de 6000 obras. Representa un 600% más de oferta en alojamiento que la demanda permanente, por crecimiento poblacional. Esa tendencia aumenta desproporcionadamente los requerimientos de servicios e infraestructuras, más allá de que cada obra señalada podría ser no solo una vivienda -como para 3 o 4 personas- sino que podrían significar, por ejemplo, hoteles con varias habitaciones o conjuntos de cabañas con gran número de alojamientos.

Si las obras que se requieren para ofrecer esas redes (existentes o a construir) ya sean de gas natural, agua potable, cloacas, electricidad, caminos (de tierra o asfaltado) se deben ampliar y mantener por los habitantes permanentes, es obvio que el costo de las mismas resultan una carga desmedida para esa población. En dicho contexto, los residentes sostienen con sus impuestos y tasas esos servicios. Aunque puede suceder que directamente no los tienen y debe proveérselo de forma irregular, al resultar para muchos impagables por las subidas de las tarifas, o simplemente son inexistentes y por ende inaccesibles. El desarrollo edilicio ha aumentado de forma desmedida, y sin una planificación que fijara parámetros que garanticen equidad para el conjunto de la población, al menos en cuanto a la oferta de dichos bienes y servicios. Por otra parte, no se cuenta con datos fehacientes de la cantidad de población servida, por las distintas redes de infraestructuras, ya que no alcanza con poder establecer la cantidad de conexiones existentes o pendientes de realización. Sin embargo, para poder asegurar si dichos servicios o infraestructura son suficientes hoy o para los próximos años, cualquier técnico sabe que la oferta de un fluido -por dar un ejemplo en agua potable- depende de la cantidad de personas que son servidas, y aunque sean para uso turístico se deben calcular como si fuese de uso permanente. Siendo dichas infraestructuras públicas, son en todos los casos servicios esenciales para una adecuada calidad de vida y por tanto un derecho humano imprescindible.

Lo expuesto hasta aquí, muestra una falta de conocimiento real de las infraestructuras y servicios en la ciudad, que clarifique cuál es la población a la que se está asegurando efectivamente dichos servicios y a que personas o grupos no, ya que existen edificios donde no viven personas en forma permanente y si cuentan con ellos, más allá de que los paguen en muchos casos son segundas o terceras viviendas de propietarios que vienen pocos días al año. Tampoco existe un estudio de la evolución en los servicios e infraestructura, para cubrir la demanda durante los próximos años, sobre todo considerando que la construcción ofrecida genera una demanda (como antes se expuso) que superaría al menos en una relación 6 a 1 la de los residentes permanentes. Esto hace que la situación de las infraestructuras para la ciudad se encuentre hace años en situación crítica, sobre todo si consideramos aquella ligada a la energía disponible para toda la comunidad, lo cual no será resuelto por la llegada del prometido segundo gasoducto –aún sin terminar para 2018- ni por la renovación de contratos para la “reserva fría” en electricidad. La propia CEB ha indicado a los concejales que las obras nuevas deberían abstenerse de usar dicha energía para calefacción, debido a que la única línea de alta tención (de 132kv) ya no da abasto. Incluso, falta un plan que asegure agua potable y un sistema cloacal por red que contemple todos los barrios de la ciudad. Hay barrios que –como es sabido por muchos especialistas- un pozo de unos dos a tres metros de profundidad para cimientos habitualmente se llena de agua, esto es, los lechos o procesos absorbentes para cloacas domiciliarias no funcionan bien, ya que podrían estar contaminando napas de agua que derivan a arroyos o costas de lago cercanas. Sin olvidar que, el mejoramiento de las vías de comunicación y del transporte público accesible en todos los sentidos, nunca se midió en relación al crecimiento de los barrios a los que sirven.  

Si consideramos que llamamos servicios e infraestructura urbana, a  las obras de redes que dan el soporte funcional para otorgar condiciones óptimos para satisfacción de la comunidad, ya que se componen de: agua potable, desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos sólidos.  Pero también, se relaciona con los edificios que brindan ciertos servicios comunitarios, como para: educación, seguridad pública y salud, entre otros. Dicha infraestructura es la base material de una sociedad y la que determinará su estructura, su desarrollo y los cambios que se produzcan en ella, incluyéndose en estos niveles las fuerzas y relaciones socio-productivas. Por lo tanto, cuando faltan dichas redes o servicios, indefectiblemente cambia la sociedad en su conjunto, las relaciones de poder, afectando a las instituciones y obviamente también al conjunto de elementos de la vida en sociedad.

Desde el ODCB entendemos que se debe considerar que: existe una falta de fondos debido a los recortes a nivel nacional y provincial -de donde provienen la mayor parte de posibles inversiones locales, aunque se sustenten con los impuestos nacionales y provinciales de los mismos vecinos de Bariloche- y considerando que la energía de la ciudad proviene de fuera de la misma -ya sea por gas natural o electricidad producida de diversos modos, mayormente en la región patagónica- además de que a esta falencia se le opone el gran crecimiento histórico de la ciudad, donde no hay un estudio que defina el incremento anual de consumo energético. Aunque algo similar sucede con otros servicios o infraestructuras en crisis hace años, en el caso de la energía la solución no puede estar al interno de la ciudad ya que dichas infraestructuras deben llegar desde fuera de ella, más allá de posibles paliativos o criterios que deberían cambiar en cuanto al uso de energías alternativas.

La crisis energética y de infraestructura que atraviesa la ciudad es innegable. Existe una gran masa de población de los barrios populares, que hoy no sólo no poseen regularización dominial sino que también carecen de los servicios considerados esenciales: servicio de agua potable, servicio de electricidad con medidor y conexión a desagüe cloacal o a red de gas natural. Tenemos alrededor de 3.600 hogares viviendo en barrios con problemas de regularización y acceso a servicios básicos en Bariloche, según relevamientos municipales. Regularizar los servicios no sólo es necesario para asegurar su calidad y seguridad, y hacerlos sustentables económicamente, sino que también es parte esencial del reconocimiento de la pertenencia a una comunidad, es decir para lograr una efectiva integración urbana. Pero la crisis de infraestructura también afecta a barrios “formales” que se quedan sin agua en verano (Las Victorias, El Frutillar), carecen de conexión a la red de gas (Villa Lago Gutiérrez, Reina Mora, Entre Cerros), padecen recurrentes cortes de energía eléctrica, como la zona del oeste, carecen de conexión a la red de cloacas y de pluviales lo que los hace proclives a inundaciones (gran parte de la Pampa de Huenuleo) por nombrar sólo algunos ejemplos. Pero además, no alcanza con ampliar una planta o extender una red parcialmente, sin tener claro cuánto está faltando para cubrir la demanda existente fehacientemente, o cuánto crece anualmente dicha demanda.

En base a todo lo expuesto, desde el ODCB planteamos que se debe declarar la EMERGENCIA en INFRAESTRUCTURAS, no para resolver la forma de un crecimiento desmedido y no planificado, algo reiterado siempre pero aquí dejado en evidencia, sino para definir en forma urgente medidas a tomar desde una comisión o entidad específica al respecto, donde intervengan no solo entes prestadores de servicios, gobierno y empresas, sino también vecinos, ONGs y los actores más afectados y de menores recursos. Exigiendo primero a las empresas a ofrecer abiertamente toda la información de costos, inversiones y desarrollos planificados. Dentro de la emergencia, se deberá reducir o limitar los grandes proyectos, se definirá quiénes y dónde serán los primeros beneficiados por la llegada del próximo gasoducto –sin dejar de lado vecinos que no han podido pagar proyectos o planos ante Camuzzi- además, de establecer claramente un programa que estudie la situación actual, a mediano y a largo plazo de la ciudad en relación a la energía, y otras infraestructuras o servicios. Se propone postergar, por el tiempo que se produzcan dichos estudios y procesos participativos, las construcciones de cierto tamaño -por ejemplo de más de 300m2- y los proyectos no habitacionales –por ejemplo industriales o comerciales- que demanden grandes cantidades de energía, para detener la maquinaria del crecimiento no planificado en Bariloche, a menos que demuestren ser 100% autosustentables. Suspender la recepción de todo proyecto de loteo y de PHs correspondientes a fracciones superiores a 1ha, para evitar un crecimiento desmedido de nuevos espacios urbanos, que demandarían nuevos servicios e infraestructuras, siendo que aún existen muchos predios y loteos pendientes de ser usufructuados en su totalidad. Se plantea, preservar la posible identificación y ejecución de obras en zonas que sean ya servidas o ya habitadas, con prioridad para los barrios sociales (existentes o a ejecutar) según se requiera por la demanda actual; como también de los edificios relacionados con los servicios o infraestructuras pendientes, y que cumplan la demanda de los habitantes y barrios que lo requieran actualmente, a fin de mejorar su calidad de vida. Suspender el aumento de los servicios e infraestructuras a los vecinos, así como evitar el corte de los mismos hasta que se pueda superar la emergencia, incluyendo electricidad, gas, agua potable, cloacas, transporte público, recolección de residuos, etc. En cuanto al costo de las naftas, energía eléctrica y gas natural que deriva de una oferta externa a la ciudad, se deberá solicitar una subvención para la ciudad a fin de no aplicar los aumentos de nivel nacional en cualquiera de estos casos.

Se plantea  generar en paralelo, durante este tiempo, un ámbito para definir qué construcciones no podrían ser autorizadas, con qué condicionantes o bajo qué circunstancias pueden desarrollarse sin problemas, estableciendo como debe ser un proyecto de autosustentabilidad en agua potable, cloacas, energía en iluminación y calefacción. Definiendo también,  donde se pueda establecer el crecimiento de la ciudad, no solo medido por su infraestructura, sino por la posible capacidad de carga o umbral límite que se defina por ciertos parámetros o variables, científicas y técnicas. Considerando pautas ambientales, sociales y económicas, en forma igualmente proporcionales para dar un resultado sustentable a la ciudad en su conjunto, no aceptando propuestas de aumentar densidades urbanas o generar cambios y crecimientos urbanos, derivados de supuestos planes que no contemplaron en ningún momento esta crítica situación en forma detallada. Para los casos de construcciones autosustentables, no se serán provistas por redes de gas natural, ni envasado, ni redes de electricidad urbana. Debiendo apelar por lo tanto, a energías alternativas y autoproducidas –ya que cualquier tipo de energía que ingrese a la ciudad debe primero cubrir la demanda de los residentes y obras ya existentes- en condiciones no contaminantes, y a costo del interesado sin subvención, ya que lo ideal sería que suspenda el proyecto hasta que la comunidad esté en condiciones de recibir dicha inversión, y destinar subsidios a la recomposición de infraestructuras y servicios faltantes en zonas ya habitadas.

Más allá de las causas que se expusieron para esta Emergencia Infraestructural, es de destacar que a nivel nacional existió un decreto de Emergencia Energética (Nº 134-2015) que se consideró superada en febrero de 2018. Pero, como se ve en Bariloche, el gobierno nacional no consideró los problemas locales o los gobiernos locales no informaron correctamente lo que aquí sucede. También a nivel de Prov. de Bs. As. se aprobó la Ley 2565 sobre Emergencia en Infraestructuras a nivel escolar en 2007, así que, no solo la infraestructura sino los edificios que brindan servicios pueden considerarse en crisis. Lo expuesto, demuestra que la declaración de emergencia en infraestructuras o energía fue una práctica que se ha usado en otras escalas y regiones de Argentina, aún cuando sean otras zonas geográficas. Pero, como ya se ha expuesto, no todas las ciudades del país tienen una tasa de crecimiento constante en edificación tan alta, y un interés empresario –con cierta complicidad gubernamental- que constantemente incita a aumentar el crecimiento y a generar megaproyectos en Bariloche, los que sin duda impulsarán mayores demandas de infraestructura por sobre lo que puede hoy ofrecerse localmente. Algo que no se soluciona justificando inversiones en algunas zonas, ya que en el caso de la energía no es algo que se genere localmente, se requiere de grandes inversiones fuera de la ciudad, que llevarían varios años para ser finalizadas, y poder así revertir la situación antes descripta de crisis que nos ha llevado a la actual “Emergencia en Infraestructuras y Servicios”, sobre todo en energía.

Es destacable que, los posibles efectos positivos como generación de empleo y ofertas de tierras para fines sociales, o similares propuestas, no resolverían luego un posible exceso sobre los límites de la demanda en infraestructuras de distinto tipo en esta ciudad. Ya que posteriormente, se podría verificar condiciones de cortes de luz, de baja presión de gas natural, de insuficiente provisión de gas envasado o muy costoso. Tampoco es razonable habilitar que se diezmen los bosques protegidos para abastecer la calefacción que puede tener otras alternativas más sustentables. Pero la mirada del derrame por efecto de la inversión, podría dejar al resto de la comunidad al borde de una posible crisis humanitaria, ya no una emergencia, que podría llegarse a resolver en pocos años, y esta comunidad -que reside mucho antes que la llegada de nuevas inversiones- tienen derecho a poder vivir dignamente y no de improvisaciones o promesas. La posibilidad de una crisis humanitaria, no es una exageración, ya que si no hay una información clara respecto a cuanta energía se consume hoy para iluminación y calefacción en la ciudad, si no se sabe cuánto se provee entre gas natural, envasado y eléctrico, y ya se han recibido notas de empresas proveedoras -como el caso citado de la CEB- en el sentido de los límites que existen en el uso de electricidad para la calefacción, entonces, no se puede seguir dudando los riesgos que corremos. El segundo gasoducto, además de no tener una fecha asegurada se considera que no cubriría toda la demanda que va a existir en los próximos dos o tres años. Es decir, si bien puede que tengamos tiempo de dos a tres años para llegar al colapso, no podemos seguir esperando ya que la solución puede demorar más de cinco o diez años. ¿Qué haremos en tres años cuando aún no llegue un tercer gasoducto o una segunda línea de alta tensión?

Esperemos no tener que llegar a responder esa pregunta, para ello es urgente declarar la Emergencia Infraestructural, evidencia de que nunca se ha planificado  la ciudad como tantas veces hemos denunciados distintas organizaciones sociales, y que pensar sólo en cómo aumentar las edificaciones, más loteos, nuevos parámetros no son para nada la solución. En tal sentido, también debería suspenderse cualquier presentación de ordenanzas que analicen planes o cambios del código urbanos para el oeste, hasta que no se genere los espacios de investigación, generación de información pública necesaria y diálogo multilateral que asegure un futuro sustentable y socialmente justo. Al menos, hasta que se considere superada la etapa de riesgos, que tal vez dure unos diez años, y este tiempo debería aprovecharse para estudiar la situación en infraestructuras por el grupo antes citado, y para que se obtengan fondos a tal fin. Sin olvidar que se debería repensar la ciudad, con un objetivo cierto y claro, respondiendo primero ¿Qué tipo de ciudad queremos y podemos tener? Y no ¿Cómo crecemos más a cualquier precio? Pero eso podríamos definirlo con más tranquilidad sin la espada de Damocles sobre las cabezas de todo el pueblo de Bariloche, que nos amenaza sin discriminación de clases sociales.

 

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