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IPROSS aportó documentación en la causa por presunta defraudación por parte de farmacéuticos

La denuncia, que fue realizada por el Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro contra algunos de sus propios afiliados, habría generado un perjuicio económico para el IPROSS.

IPROSS aportó documentación en la causa por presunta defraudación por parte de farmacéuticos
jueves 23 de mayo de 2019

El Instituto Provincial de Seguro de Salud (IPROSS) puso toda su estructura a disposición de la Justicia en la investigación de una presunta defraudación por parte de algunos integrantes del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro a través de la supuesta adulteración de facturas.

Según se indicó desde el gobierno provincial, es objetivo de este "que se llegue hasta las últimas consecuencias en la determinación de las responsabilidades de este hecho del cual la obra social es víctima. De comprobarse la maniobra fraudulenta con un perjuicio económico hacia la obra social, ésta accionará penalmente contra los responsables".

La denuncia, que fue realizada por el Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro contra algunos de sus propios afiliados, habría generado un perjuicio económico para el IPROSS.

El convenio que liga al IPROSS con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Río Negro data del año 2010 y en su cláusula quinta dispone que la administración del sistema es facultad del Colegio, con las consecuentes responsabilidades que genere la gestión irregular de esa potestad.

En tanto, como paso previo al pago periódico de las facturas remitidas por el Colegio de Farmacéuticos, el IPROSS realiza un control basado en el sistema de muestreo, donde se verifica la presentación formal de la documentación.

La denunciada presunta adulteración o falsificación de las recetas escapa al ámbito de control de la obra social, y constituye un delito de acción pública propio del Colegio de Farmacéuticos, y coloca al IPROSS en carácter de víctima del delito denunciado, explicaron.

Sin perjuicio de ello, las autoridades del Instituto quedan a disposición del Ministerio Público Fiscal para colaborar en todos aquellos actos que posibiliten determinar las responsabilidades penales del caso y, consecuentemente, en caso de confirmarse el presunto perjuicio económico, iniciar las acciones tendientes a perseguir la recuperación del mismo.

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