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Audiencia histórica sobre la crisis climática

La comisión interamericana de derechos humanos se compromete con la crisis climática. 15 organizaciones nacionales y regionales que involucran al menos 9 países de América comparecieron en una audiencia sobre los impactos del cambio climático.

Audiencia histórica sobre la crisis climática
domingo 29 de septiembre de 2019

La comisión interamericana de derechos humanos se compromete con la crisis climática. Quince organizaciones nacionales y regionales que involucran al menos 9 países de América comparecieron en una audiencia sobre los impactos del cambio climático y posibles medidas de respuesta en grupos en situación de vulnerabilidad.

En el 173º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Washington DC, cuatro comisionadas mujeres integrantes del panel (la presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz) escucharon a las personas representantes de las organizaciones peticionarias sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, que incluyen pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas y comunidades rurales. “Esta audiencia es un paso importante para seguir incorporando institucionalidad en la defensa de los derechos de las personas frente a la vulnerabilidad que genera el Cambio Climático“, destaca Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior en Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que participó del histórico evento.

Las organizaciones destacaron que los impactos en los derechos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, con los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. También que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que, en efecto, menos han contribuido a la crisis climática.

Durante la audiencia se presentaron casos de impacto del cambio climático en diferentes países, vinculados con el acceso al agua, la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles, la participación de las empresas y la deforestación, abordados también a partir de la intervención de un líder indígena de la Amazonía peruana.

Un punto resaltado tanto por peticionantes como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular las internacionales por el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En este punto, se destacó el papel crucial del Sistema Interamericano para generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, que aseguren el acceso a información ambiental y eviten conflictos de interés en procesos de toma de decisión pública.

Las comisionadas dieron la bienvenida a la solicitud de audiencia, reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias ameritan, y manifestaron su voluntad para continuar, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los distintos aspectos de la lucha contra la crisis climática desde este espacio.

La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica).

 

EL PETITORIO

Solicitamos a la CIDH que inste a los Estados de la región a:

Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras.

Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual.

Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática.

Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático.

A la CIDH le solicitamos:

Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos.

Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23.

Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio.

Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados.

Que la CIDH enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos.

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