El Municipio presentó una denuncia penal por las amenazas de bomba

El Ejecutivo Municipal presentó este martes ante la Justicia una nueva denuncia penal por el delito de “intimidación pública”, frente a las numerosas falsas amenazas de bomba realizadas en distintos establecimientos educativos de la ciudad. Y presenta elementos de prueba que incluyen audios y números teletónicos.

El escrito, firmado por la Asesora Letrada del Municipio —la Dra. Natacha Vázquez—, hace referencia al artículo 211 del Código Penal, que establece la figura del delito de “intimidación pública” afirmando que “será reprimido (…) el que, para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

A su vez, enumera que sólo en el colegio Ángel Gallardo hubo al menos 8 falsas amenazas de bomba —ayer se sumó la novena— entre mayo y noviembre, realizadas al 911 y derivadas a la Subsecretaría de Protección Civil. A estas se suman las realizadas a otras instituciones educativas, entre las que incluso se encuentra un jardín de infantes, el Nº 56, caso en el cual se debió evacuar a un predio de Gendarmería a más de 90 pequeños niños y niñas.

“La Subsecretaría de Proteccion Civil ha estado trabajando desde el primer momento, desde la primer amenza de bomba falsa en la presentacion de denuncias —explicó Patricia Díaz, titular del área que coordina los operativos ante este tipo de llamados—. Se ha trabajado con el Centro de Estudiantes del colegio Ángel Gallardo, se generaron reuniones con el Ministerio de Educación de la provincia y se trabaja cercanamente con Río Negro Emergencias para la obtención de la documentación que se entrega en forma de denuncias al Ministerio Público Fiscal, para la obtención de resultados que detengan esta ola de falsas llamadas”.

El escrito del Municipio remarca que “en cada una de las oportunidades indicadas se hicieron las denuncias correspondientes, habiéndose desestimado las mismas, incluso frente a la individualización de los responsables, en el entendimiento que se tratan de «bromas estudiantiles que deben ser abordadas necesariamente en el propio ámbito educativo correspondiente»”. Y se agrega que “sin perjuicio de ello, se requiere la intervención del Poder Judicial a fin de hacer la investigación correspondiente y poner coto a esta situación que ante la falta de consecuencias legales se acrecienta día a día”.

De hecho, en una de las causas iniciadas a partir de las presentaciones de Protección Civil, hoy miércoles (13/11) a las 6.30 de la mañana se realizó un allanamiento a cargo del fiscal adjunto César Lanfranchi de la Unidad Fiscal Temática Nº 3 —Delitos contra la Administración Pública—, con autorización del juez de garantías Ricardo Calcagno.

El allanamiento se realizó, según explica un comunicado oficial, “en una vivienda en la zona Sur, jurisdicción de la Comisaría 42 de nuestra ciudad (…) con el objetivo de secuestrar elementos para ser peritados por la OITEL, en este caso un teléfono celular, que habría sido utilizado para la realización de las llamadas intimidatorias”. Además, se afirmó que “no se descarta la realización de nuevas medidas en el marco de la investigación de los legajos en curso”. Se trata del segundo allanamiento judicial que se realiza en relación a esta temática.

50.000 pesos por operativo

En el escrito presentado por el Ejecutivo Municipal se detalla entre otros aspectos que “por cada evento de este tipo se deriva atención de ambulancias, servicios, bomberos que se abocan a esta situación, pudiendo no estar presentes en atención de reales emergencias”. Y suma la preocupación por “la conmoción pública que genera cada uno de estos episodios y la afectación a la tranquilidad y seguridad de la población”.

“Los recursos no son infinitos —alertó Patricia Díaz—; mientras los servicios de emergencias están desplegados para atender la llamada falsa, un ciudadano con una emergencia real puede estar sufriendo la falta de ese recurso”.

Además, también valora el impacto económico que tienen las falsas amenazas de bomba, por la envergadura de los operativos que deben desplegarse, que se estima que implican un gasto de casi 50.000 pesos en cada ocasión.

La denuncia describe el protocolo de actuación que se despliega en cada amenaza de bomba. El protocolo implica que Protección Civil solicita la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego convoca a la comisaría de la zona, solicita la intervención del Juzgado Federal, activa la comunicación de Bomberos Voluntarios, se informa al Hospital Zonal sobre la posibilidad de ingreso de heridos producto de explosión, personal de Protección Civil se dirige al lugar para la evacuación de las personas y cierre del área de seguridad, se realizan tareas de evacuación del establecimiento en cuestión, se despacha a Camuzzi Gas del Sur para el corte del suministro de gas en el lugar y se requiere el acompañamiento de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad para el desvío de vehículos y mantener el área despejada.

En esta tercera presentación judicial por parte del Municipio —que se suma a las realizadas por Protección Civil luego de cada evento—, la Dra. Vázquez aporta valiosos elementos de prueba que incluyen audios de recepción de llamadas al 911, la individualización de las líneas telefónicas involucradas y sus propietarios, información recibida por otras vías sobre la identidad de algunos de los responsables y copias de los libros de guardia de Protección Civil y los comandos de emergencia detallando cada operativo. A su vez, se ofrece la declaración testimonial de la subsecretaria Patricia Díaz y se solicitan nuevas medidas de prueba.