La diputada nacional Lorena Matzen pide que no se avance con la prórroga de la Ley 26160 de Emergencia territorial de Comunidades Originarias, en las actuales condiciones y sin un debate profundo con todos los involucrados.

Requirió, además, con el acompañamiento de sus pares Carla Carrizo, Roxana Reyes y Luis Petri, el tratamiento del Proyecto de autoría propia, presentado hace un año, que propone quitarle discrecionalidad al INAI, con participación de gobiernos provinciales y municipales en sus decisiones”.

La Ley 26.160, sancionada en 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias y establece una serie de mecanismos de trabajo para ser desarrollados por parte de la autoridad de aplicación, función que le asigna al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y vence en su ya 3era.prórroga el próximo mes de noviembre.

El Gobierno Nacional, a través de la Presidenta del INAI Magdalena Odarda, busca la 4ta.prórroga, y así continuar con su política de discrecionalidad y complicidad con la prepotencia de algunas pseudo comunidades de pueblos originarias no reconocidas, pero que cuentan con su beneplácito para hacer y deshacer con tierras ya sean de propiedad estatal o privada.

“Entendemos que es indispensable sumar legitimidad a las acciones que lleva adelante el gobierno nacional en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades originarias, del país, y este es el momento para ello, ante el vencimiento de le vigencia de la Ley 26160”, expresó la Diputada Nacional Lorena Matzen.

En la convicción que una prórroga lisa y llana sin modificaciones, solo consolidaría el pésimo trabajo realizado, requirió la diputada nacional el tratamiento de su Proyecto de Ley, que propone incorporar con opinión excluyente,  a los gobiernos provincial o municipal según corresponda, al proceso dispuesto en la legislación vigente para el reconocimiento de la territorialidad de esas comunidades originarias.

“Pretendemos de este modo”, explicó la parlamentaria, “poner blanco sobre negro a la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que ha venido convalidando ciertos reclamos de algunas comunidades, que se autoproclaman propietarias de tierras públicas y privadas y hacen ocupación de las mismas sin cumplir con requisitos elementales tales como la presencia actual, tradicional y pública o contar con el requisito de inscripción como comunidad, en ningún registro de los creados a tal efecto.”