Desde la Mesa Consenso Bariloche expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que una vez más se intenta decidir sobre tierras públicas del ejido urbano de nuestra ciudad sin participación del gobierno de la Provincia de Río Negro.

El 2 de febrero pasado la Jueza María Silvia Domínguez, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Bariloche, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo iniciada por la comunidad Lof Millalonco Ranquehue en la que pedía que el Estado Nacional le otorgue la propiedad comunitaria y escritura pública sobre 514 hectáreas de tierras públicas en custodia del Ejército Argentino desde 1937.

Las tierras en cuestión son parte del ejido urbano de la ciudad de Bariloche e integran el territorio del Parque Central de Bariloche, proyecto de la actual gobernadora Arabela Carreras, creado por la Ley Provincial 5155/16 para extender el uso público socialmente inclusivo de dichas tierras y la protección del paisaje y de la condición mayormente agreste de sus ambientes, a largo plazo.

La Mesa Consenso Bariloche se constituyó en julio de 2021 con el objetivo primordial de asegurar la condición jurídica de las tierras públicas de Bariloche y el libre acceso, uso y goce de dichas tierras, atractivo turístico y fuente de trabajo y desarrollo de nuestra comunidad. Hoy no podemos más que expresar que el fallo mencionado es un golpe al espacio público de Bariloche y a la identidad de nuestra ciudad tal como la conocemos y disfrutamos.

Hay un antecedente sobre lo que se está juzgando que nos parece importante recordar: (“Comunidad Mapuche Trypay Antú c/ EN- INAI s/ proceso de conocimiento” Expte. 20801/2016). La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, el 22 de noviembre de 2018 declaró la nulidad de la sentencia de grado –que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Tripay Antu– por no haberse dado debida intervención a la Provincia de Río Negro.

Dicho fallo contempló que el reconocimiento de personería jurídica de una comunidad es una competencia concurrente entre el Estado Nacional y las provincias por lo que la cuestión sólo podría dilucidarse con la participación de la jurisdicción provincial en el proceso judicial.

Solicitamos al Fiscal de Estado que, tal como es su deber constitucional, tome cartas en el asunto y pida que se dé intervención al Estado Provincial. Para que las tierras públicas sigan siendo públicas, de libre acceso para barilochenses y visitantes de nuestra hermosa ciudad, insignia turística de la Argentina.