Promueven una ley que obligue a los empleadores a contratar trabajadores con residencia en la Provincia

La ley propuesta establece que el 80 por ciento de los trabajadores contratados debe tener domicilio legal y real en Río Negro con una antigüedad de residencia en la Provincia no menor a dos años.

Quienes no cumplan con este requisito podrán ser sancionados por la la Secretaría de Trabajo como autoridad de aplicación según la gravedad del hecho y podrá hasta suspenderse el funcionamiento del establecimiento, sin perjuicio de que los trabajadores continúen percibiendo íntegramente sus haberes.

La presente ley se aplica a todos los empleadores radicados Río Negro sin ninguna distinción y aquellos que incurran en incumplimiento de la norma sin causa justa, no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole, a otorgar por la Provincia de Río Negro. Quedarán asimismo inhabilitados para participar en concursos o licitaciones públicas, sin perjuicio de las multas que se apliquen.

Para obtener un beneficio de cualquier índole, los empleadores deben exhibir el listado del personal acompañado con copias certificadas de los documentos de identidad que demuestren que los empleados están radicados hace más de dos años en la provincia.

Sólo podrá excusarse de cumplir con lo estipulado en esta norma cuando razones de capacidad técnica o artística o por conocimientos científicos o tecnológicos impidan su cumplimiento.

La Secretaría de Trabajo deberá confeccionar un Registro Único de Trabajadores Locales Desempleados por especialidades con el fin de promover su contratación por los empleadores.

Este listado será exhibido en los lugares de trabajo y en la Secretaría de Trabajo y se reactualizará anualmente.

Los parlamentarios Horne y López sostienen en los fundamentos que "el eje de las políticas nacionales ha girado en torno a la defensa y promoción del trabajo. Estas políticas implementadas en la jurisdicción nacional deben ser aplicadas y reforzadas en las regiones a través de acciones y normas que defiendan el trabajo en condiciones dignas".

En los argumentos también aluden a la Constitución Provincial cuando expresa que "Río Negro es una provincia fundada en el trabajo" y en cuanto a que da "prioridad de contratación con el Estado a las personas físicas o jurídicas radicadas en la provincia".

"Hay que promover la creación de fuentes laborales y dar preferencia para que esos empleos sean cubiertos por trabajadores de la provincia de Río Negro, sin caer en penosas discriminaciones".

Sostienen los autores que "la movilidad ocupacional ha sido más bien funcional a grupos económicos que han pretendido abonar paupérrimos haberes a los trabajadores, aprovechándose de la necesidad en que ellos se encuentran y abusando de la lejanía de su comunidad. Este es el caso de muchos trabajadores de otras provincias que para realizar trabajos temporarios se trasladan miles de kilómetros llamados "trabajadores golondrinas".

"Empleadores que no ejercen la responsabilidad social que también les cabe a las empresas, actúan al límite del mandato legal y al borde de incurrir en la trata de personas".

Por ello consideran necesaria la intervención del Estado "para evitar transgresiones a la normativa vigente y asegurar que se cumpla con las condiciones destinadas a equilibrar una situación que durante las últimas décadas afectó a nuestros trabajadores, sobre todo en ciertas actividades productivas de la región".