Sindicatos de la zona andina se oponen al protocolo antipiquetes

“Desde nuestro sector gremial, consideramos que es absolutamente absurdo e irracional, la implementación de este protocolo, o mejor dicho, este reglamento interno de limitación de los derechos constitucionales que todos los ciudadanos tenemos. La protesta es un derecho constitucional, le guste a quien le guste y como tal, podemos y debemos ejercerlo”, agregaron desde el espacio.

“A poco más de dos meses del comienzo de la gestión Macri, los trabajadores y sectores populares de todo el país, ya tenemos indicios muy fuertes de cuáles son las políticas que se avecinan en cuestión de Seguridad, Libertad y Derechos: fortísimos ajustes de precios en detrimento del salario de los trabajadores, masivos despidos en diversas empresas privadas y en sectores estatales, sin que el gobierno nacional haga nada para mediar (ya que menos aún para impedir estos atropellos) ni esté preocupado por esto que denunciamos. En los dos puntos anteriores, queda reflejado que no habrá seguridad, ni protocolos para los trabajadores y sectores populares”, expresaron los dirigentes sindicales.

Asimismo, expresaron que la cartera política del sector (Patricia Bullrich), lanza sobre todos los argentinos, medidas englobadas dentro de un llamado DNU de “emergencia nacional en seguridad”, como hacer obligatoria de facto (nunca mejor le viene la locución latina), la portación de DNI a cada ciudadano, so pena de ser detenidos si es que no se lo porta, sobre todo, si además se “porta” un rostro moreno, un ropaje humilde, étc.

“Sugiere además, que el uso de la fuerza debe limitarse al mínimo posible. ¿Quién determina cual es el mínimo? En resumen, adherimos a la descripción del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde en 7 puntos marca claramente las reales intenciones de este protocolo: 1)El Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta, 2) según el protocolo, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad y 3) el protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social”, entendieron desde la Mesa Sindical.

Cuestionaron el punto 4 manifestando que “el protocolo no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para dispersar, el 5, diciendo que la prohibición del uso de armas de fuego se había logrado en 2004 y fue volcada en la resolución 210/2011. El punto 6, es que el protocolo limita el ejercicio el trabajo periodístico y su efecto de control sobre los operativos policiales y en l 7, diciendo que todas estas regulaciones “son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”.

“También queremos celebrar la decisión política del gobernador Alberto Weretilneck, de no suscribir este inconstitucional protocolo. Finalmente, compañeros los convocamos a Unirnos, los trabajadores y nuestras organizaciones, en defensa de nuestros derechos y de los sectores más desprotegidos”, finaliza el comunicado. (Bariloche Opina)