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Larraburu repudió la privatización de las telecomunicaciones

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto expresando su repudio ante la reciente decisión del Poder Ejecutivo Nacional de privatizar el mercado de las telecomunicaciones, mediante el DNU 58/2019.

Larraburu repudió la privatización de las telecomunicaciones
jueves 24 de enero de 2019

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto expresando su repudio ante la reciente decisión del Poder Ejecutivo Nacional de privatizar el mercado de las telecomunicaciones, mediante el DNU 58/2019.

“Esta nueva medida discrecional asigna al ENACOM la posibilidad de otorgar las bandas de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil a las grandes operadoras de telecomunicaciones, que hasta ahora estaban reservadas a la empresa estatal ARSAT”, advirtió.

La nueva reglamentación viene en línea con la decisión original del Gobierno de cancelar el Proyecto ARSAT 3 y posibilitar que el sector privado tenga el control de la empresa a través de la modificación del paquete accionario del Estado en ARSAT, a menos del 51% establecido por Ley.

Por su parte, la rionegrina recordó que las compañías privadas de telefonía móvil han ejercido presión desde el inicio de la actual gestión, reclamando mayor cantidad de frecuencias y dotación de un recurso finito, cuya atribución y asignación distan de ser planificadas u ordenadas para un mejoramiento de la calidad del servicio.

“Esta normativa implica un deterioro del capital de ARSAT y viola el artículo 10 de la ley satelital, que expresa taxativamente que los cambios en esta materia que afecten al patrimonio de esta Sociedad del Estado deben realizarse por autorización exclusiva del Congreso de la Nación con el voto mayoritarios de los 2/3”, añadió.

Finalizó: “Es fundamental que el Congreso de la Nación actúe de manera urgente con el fin de revertir este DNU. No sólo atenta contra la política que marcó el desarrollo tecnológico argentino por encima de la media a nivel regional, sino también porque afecta el patrimonio del Estado y la posibilidad de soberanía en un área clave”.

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