El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, acompañó con su voto la aprobación del proyecto de ley de reestructuración de la deuda bajo ley argentina y rechazó el proyecto que regula el Teletrabajo.
El legislador provincial Juan Martin mostró sus reparos a la reforma judicial y ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunciada por el presidente Alberto Fernández.
El legislador Ramón Chiocconi presentó un proyecto de Ley que fomenta el montañismo y la protección de accesos a montaña, sierras y zonas de interés público. Además, busca la creación de una comisión.
La intención es que funcione en el ámbito de la Agencia de Recaudación Tributaria, para que se inscriban los prestadores de servicios de mensajería urbana y de reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
“La Comisión de Turismo de la Cámara Alta se encuentra en permanente diálogo con el fin de consensuar un Proyecto de Ley que proteja, en esta coyuntura atípica", dijo la senadora rionegrina.
Julia Fernández, Adriana del Agua, Claudia Contreras, Garciela Vivanco y Juan Pablo Muena precisaron la necesidad de sumar todas las acciones posibles que ayuden a sostener la industria y los puestos de trabajo hasta que se reactive la economía.
"Pareciera que no hay interés real en sostener esta actividad, que no solo genera ingresos genuinos al país, sino que es fuente de miles y miles de puestos de trabajo directos y genera un sano derrame en las economías regionales sociales”, expresaron.
La senadora, en conjunto con la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, presentó en febrero de 2020 una iniciativa con el objeto de volver a sancionar la emergencia frutícola, en tanto la situación crítica del sector continúa vigente.
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó esta mañana que ayer se recibieron 215.000 test de tipo PCR para continuar con el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con coronavirus a través de la red descentralizada de laboratorios.
Concejales del Frente de Todos plantean el regreso de la pequeña obra pública financiada por el aporte obligatorio de empresas no radicadas en la ciudad y sugieren la pronta sesión del cuerpo legislativo.
La decisión implica que los adultos mayores no deben acercarse a los bancos para efectuar ese trámite, con lo cual se busca garantizar el cobro de los haberes de este grupo de riesgo sin ponerlo en peligro.
