Medioambiente
Impulsan nuevas acciones por la contaminación del lago Nahuel Huapi
Luego de la audiencia judicial realizada este jueves por el funcionamiento de la planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Bariloche, Nadina Díaz resolvió realizar nuevos pedidos para incorporar al expediente.
En el marco del amparo presentado ante el Juzgado Federal, la defensora solicitará que se sume como prueba el informe “Red de Monitoreo de la Calidad del Agua del lago Nahuel Huapi 2010-2014” que realizó el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Por otra parte, requerirá al juez subrogante, Walter López Da Silva, que pida al gobierno de Río Negro que informe qué plan de obras tiene previsto para resolver los problemas del Sistema de Saneamiento de Bariloche.
“La audiencia de hoy tuvo el objetivo de actualizar la información del expediente y chequear si hubo avances en este tiempo. Durante la charla que se mantuvo, hubo acuerdo en que el lago está siendo impactado siendo necesario poner fin a esta situación. Como bien saben los vecinos de Bariloche, para lograr esto es fundamental invertir en la ampliación de la capacidad de la planta actual con un segundo módulo. Esperamos que esta medida acerque a las partes para la resolución final de un histórico problema de la ciudad”, expresó Nadina Díaz.
La acción colectiva (amparo ambiental Lago Nahuel Huapi - Planta Depuradora) busca revertir la grave situación de vertido de líquidos cloacales sin tratamiento al principal lago de la región cordillerana.
Si bien la medida fue presentada en 2009, recién a fines de 2012 se resolvió la jurisdicción federal y se designó al juez Leónidas Moldes (subrogado desde 2014).
En agosto de 2013 el juez Moldes aceptó el amparo contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, el Consejo de Medio Ambiente de la Provincia (hoy Secretaría de Medio Ambiente), la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB). Además, se citó a la Administración de Parques Nacionales (APN).
La prueba que analiza el juzgado incluye un informe completo del Grupo de Estudios de Aguas del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB-Unco) realizado en seis puntos del lago que habla de “resultados alarmantes” en algunos sectores.
En sentido, la CEB reconoció que la situación es límite y plantea que no tiene responsabilidad legal en el tema. Presentó argumentos y citó leyes y resoluciones. Pidió inversiones.
La Municipalidad de Bariloche por su parte planteó la “falta de legitimación de la Defensoría del Pueblo” para realizar el planteo y negó la existencia de contaminación en el lago y las pruebas presentadas.
Desde la Fiscalía de Estado de Río Negro presentaron documentación y afirmó que no pudo avanzar por la falta de respuestas del Departamentos Provincial de Aguas (DPA).
Por último la APN manifestó que la institución mantiene y mantuvo durante el transcurso del tiempo, un especial interés en la solución de la cuestión planteada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro en virtud de las competencias y atribuciones que la Ley 22.351 le confiere, que determina que es responsabilidad del organismo velar por el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas en todo en cuanto se relacione con sus particulares características fisiográficas y asociaciones bióticas animales y vegetales. (Bariloche Opina)
