Pedirán una revisión del fallo que favorece a 3 de Mayo

A raíz de la demanda formulada por la empresa 3 de Mayo contra la Municipalidad de Bariloche tras la incautación del parque automotor y los talleres de la firma, el jefe de Gabinete Pablo Chamatrópulos indicó que "este fallo aún no impacta de manera directa en el juicio por resarcimiento económico".

En diálogo con Bariloche Opina, indicó que "más allá del fallo en si, decisiones incorrectas o no del todo justificadas recaen sobre la calidad de vida de la gente, porque muchas veces afectan el erario público".

En este sentido, advirtió que "los funcionarios, en la medida que tomen las decisiones en el marco de la ley son responsables hasta la resolución administrativa, aunque la ley no les impone una responsabilidad patrimonial".

"Por suerte el Municipio de Bariloche está bien representado en términos políticos", remarcó. "Y en el área jurídica hay una capacidad y profesionalidad que nos hace suponer que, aún con los "desaguisados" que cometió la administración anterior, nos va a permitir alivianar enormemente la responsabilidad de los vecinos".

De todas maneras, "lo que han decidido los jueces es declarar nulo el acto administrativo. Nosotros vamos a pedir una revisión posterior del fallo, y todavía no impacta de manera directa en el juicio por resarcimiento económico", aseguró.

También la asesora letrada del Municipio, Natacha Vázquez, indicó que "aún no fuimos notificados formalmente de la sentencia, pero a mi me corresponde defender los intereses de la Municipalidad de la mejor manera posible más allá de las cuestiones políticas que puedan sucitarse".

Explicó a este medio que "al ser una sentencia de primera instancia, tendremos que recurrirla y llegar al Tribunal Superior de Justicia. Pero estamos haciendo lo que hay que hacer".

En cuanto a la posibilidad de iniciar una demanda penal contra funcionarios de la gestión anterior, dijo que "es materia de evaluación e incluso en algunos momentos hicimos planteos al Tribunal de Contralor. Pero deberá ser evaluado por quien corresponda para ver si existe alguna acción de responsabilidad".

El fallo calificó la resolución del 2014 como "ilegal y antijurídica", en base a que "bajo la figura de incautación, se instrumentó una verdadera confiscación de los bienes de la empresa hasta entonces prestataria", cuando solo esta figura estaba prevista en caso de que el concesionario "se negara a prestar el servicio".

Este conflicto se inició hace tres años cuando la intendenta Martini resolvió quitarle la concesión a 3 de Mayo después de 32 años de servicio y otorgar un permiso "precario y provisional" a Autobuses Santa Fe. (Bariloche Opina)