Sus perros mordieron a un nene y fue imputado por lesiones culposas

La fiscal del caso Alejandra Bartolomé formuló cargos a un hombre que tenía bajo su custodia dos perros, los que mordieron a un niño de 12 años provocandole diversas lesiones leves culposas; de acuerdo a lo normado en los artículos 45 y 94 del Código Penal, la Ordenanza Municipal 1931- CM-09 y la Ley provincial N° 4043.

El 7 de agosto de 2018, aproximadamente a las 12:15 horas, cuando el niño caminaba por la vía pública, puntualmente sobre la vereda del domicilio del imputado, fue atacado y mordido por dos perros, uno de raza Pitbull de pelaje marrón y blanco y otro de raza cruza con Gran Danés, de pelaje marrón, los cuales se encontraban al cuidado de éste. Ambos perros llegaron a la vía pública desde el domicilio, que no estaba cerrado con sistema de traba y le provocaron a la víctima lesiones de carácter leve.

Según la acusación el imputado actuó en forma negligente y antirreglamentaria, pues teniendo bajo su custodia dos perros peligrosos en razón de su raza, agresivos y territoriales, permitió que éstos accedieran a la calle.

El acusado debió extremar las medidas de seguridad manteniendo los animales dentro de su domicilio, en instalaciones seguras y resistentes; señalizando el lugar con un cartel que contuviera la inscripción "perro peligroso". Estos se encontraban sin bozal, sin collar o pretal ni correa lo que les permitió un fácil acceso a la vía pública, vulnerando de esa manera el deber de cuidado que se exige en la normativa vigente.

El imputado brindó declaración asumiendo la situación que se le atribuye y la voluntad de colaborar con quien resultó víctima. La defensora oficial adjunta Paola del Río respecto de la formulación ni del plazo de investigación manifestó objeción alguna y requirió la aplicación de un criterio de oportunidad e intentar generar una audiencia de conciliación donde se expongan las pretensiones y éstas sean acordes a los hechos.

El Juez de Garantías Ricardo Calcagno tuvo por formulados los cargos y otorgó cuatro meses para llevar adelante la investigación del hecho o arribar a una solución alternativa a este conflicto.