Municipio denunció penalmente a tres policías por abuso de autoridad

Este lunes por la mañana, el Ejecutivo Municipal presentó -con el patrocinio de la abogada y Secretaria Legal y Técnica municipal María Mercedes Lasmartres- una denuncia penal contra tres efectivos de la Policía de la Provincia de Río Negro. Es por un supuesto operativo, que en realidad no habría sido ordenado por las autoridades de la fuerza, realizado el pasado jueves 23 de abril en el Gimnasio Municipal Nº 1, y que además fue registrado en video por los agentes y viralizado a través de las redes sociales.

En el escrito, se denuncia “la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (arts. 258 y 259 del C.Penal) en concurso con el delito de intimidación pública (art. 211 del C.Penal) contra tres agentes policiales y contra quienes hubieren sido partícipes de los delitos denunciados en forma individual y/o asociación ilícita con intención de causar temor social y desestabilizar las instituciones, provocando caos social y alteración del orden público”.

“Los agentes policiales actuaron ilegalmente, abusando de su investidura, amenazando y amedrentando a los funcionarios municipales, realizando acusaciones falsas a fin de obtener el falso y tendencioso video, para luego viralizarlo a fin de desprestigiar a las instituciones y causar conmoción en la sociedad mostrando cómo el Municipio entrega alimentos en mal estado a los más necesitados. Semejante atrocidad debe ser sancionada con el máximo de la pena del tipo penal, más aún teniendo en cuenta el agravante del contexto de emergencia sanitaria, social y económica en la que nos encontramos y que coloca a la ciudadanía en una situación de mucha sensibilidad y angustia”, expresa la presentación judicial.

El episodio al que alude la denuncia ocurrió en la mañana del jueves 23 de abril en el Gimnasio Municipal Nº 1, lugar en donde se almacenan las mercaderías destinadas a la distribución de módulos alimentarios a través de los CAAT y los comedores comunitarios. Allí se efectúan además los controles sanitarios y bromatológicos de los alimentos como así también las gestiones administrativas y operativas para la recepción y distribución de alimentos.

En el día del hecho, tres efectivos policiales -uno de civil y sin identificación, otros dos uniformados, siendo uno de ellos el oficial a cargo de la custodia del lugar-, increparon a Juan Pablo Ferrari (secretario de Desarrollo Humano Integral municipal y responsable de la operatoria de la distribución de alimentos), acusándolo de tener carne en mal estado en los freezer, y anticipándole que sería detenido.

Ferrari indicó a los efectivos que la carne almacenada en los freezers estaba en perfecto estado y condiciones de refrigeración, que ya había sido controlada por el SENASA y profesionales de Bromatología del Municipio. Se trataba de carne de ciervo proveniente de la donación contemplada en el convenio celebrado por el gobierno de Río Negro y la Sociedad Rural, siendo la carne provista por las estancias San Ramón y El Cóndor, y procesada en el Ahumadero Weiss, único habilitado para carnes de este tipo. (Más información: https://barilocheinforma.com/municipio-y-provincia-articularon-donaciones-de-carne-de-ciervo-para-ayuda-social).

Tal como señala la denuncia, se hicieron presentes en el lugar el director de Fiscalización muncipal Sebastián Hernández y el médico veterinario Jorge Cuatrin, a quienes uno de los agentes “increpó de mal modo a ellos también, afirmando nuevamente que la carne estaba en mal estado, y se generó una discusión en muy malos términos por la resistencia de los agentes a escuchar las explicaciones brindadas por el médico”. Incluso se requirió a los agentes que concurran con su propio médico o técnico a fin de que controlen el estado de conservación de la carne, pero los agentes se negaron y continuaron con las amenazas. Teniendo en cuenta que uno de los oficiales desde el inicio del supuesto “operativo” filmaba continuamente con un celular, el escrito señala que “parecía una puesta en escena”.

“Los agentes no siguieron el protocolo de actuación judicial ante la posible comisión de un delito -describe Lasmartres en su presentación judicial-. Como antes expuse, no se identificaron, no pidieron la documentación que acreditaba el control sanitario de los productos, no escuchaban razones. Tenían una actitud amenazante que provocaba desconcierto y uno de ellos filmaba todo lo que ocurría, reiterando ante la cámara que la carne estaba en mal estado”.

Según la denuncia, el supuesto operativo policial concluyó cuando uno de los efectivos recibió una llamada al celular, salió a recibirla, y cuando regresó anunció que tenían que retirarse, no sin antes amenazar nuevamente a Ferrari.

Al retirarse los agentes, el funcionario se comunicó inmediatamente con la Comisaría Segunda, en donde “le informaron que la Comisaría desconocía el operativo, que los agentes no actuaban cumpliendo órdenes en el ejercicio de sus funciones y que investigarían lo sucedido para determinar responsabilidades”.

La continuación de la situación se dio luego a través de las redes sociales. El escrito explica que “el próximo día y los días siguientes, durante el fin de semana inclusive, se viralizó el video filmado por el agente, por Facebook, Instagram y otros medios”, junto con otro video filmado por el agente que realizaba la custodia del lugar, realizado mientras estaba en funciones, e involucrando incluso a la empleada municipal de mayordomía que se encontraba limpiando el lugar. En el video se observa que ella “lo guía por el gimnasio, abriendo heladeras y exhibiendo los productos alimenticios, señalando y repitiendo que se encuentran en mal estado, que hay olor a podrido, que la harina se encuentra vencida y sembrando la sospecha sobre el accionar del Municipio y de Juan Pablo Ferrari, en forma falsa y tendenciosa. Una y otra vez, el agente policial repite que el Municipio le da comida podrida a la gente”.

La presentación de Lasmartres señala que “la repercusión del mismo en la sociedad fue nefasta, generando desconfianza y temor (…), más aún tratándose de la necesidad más básica y vital de la gente, que es la alimentación”. Y agrega: “Lógicamente hubo repercusiones públicas y sociales de todo tipo, los que desconocen el accionar del Municipio, crédulos de las falsas publicaciones, tuvieron expresiones violentas y descalificantes contra el Municipio y sus funcionarios, por lo que promovieron la viralización de los videos”.

Es importante remarcar que la carne de ciervo, en perfecto estado de conservación, fue distribuida a numerosos comedores comunitarios que trabajan con los sectores más vulnerables de la ciudad, como “Gotitas de Esfuerzo”, “Grupo Encuentro”, “Comedor Alihuen”, “Merendero Barda Este”, además de la Red Solidaria, la Fundación San José Obrero, el Hogar Emaus y el grupo “Abuelos del Newenche”, entre otros.
Ninguno de los destinatarios observó que la carne estuviera en mal estado, por el contrario, la cocinaron y pudieron alimentar a los una gran cantidad de personas sin ningún problema.

Los delitos imputados

La denuncia penal del Ejecutivo Municipal abarca la comisión de los siguientes delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (arts. 258 y 259 del Código Penal) en concurso con el delito de intimidación pública (art. 211 del CP) contra tres agentes policiales y contra quienes hubieren sido partícipes de los delitos denunciados en forma individual y/o asociación ilícita con intención de causar temor social y desestabilizar las instituciones, provocando caos social y alteración del orden público.

“Los policías -señala el escrito- violaron las normas que reglamentan el ejercicio de sus funciones, abusaron de su autoridad y omitieron el cumplimiento de los deberes de su oficio. Utilizaron su investidura para violar las leyes, para violar el orden institucional e intimidar públicamente causando temor en la sociedad y poniendo en peligro el orden público”. Las penas de cada figura varían, pero la más grave es la del delito de intimidación pública, que es reprimido con entre 2 y 6 años de prisión. Varias contemplan además multas e inhabilitación en sus funciones. También se planteó, subsidiariamente, el delito de falsa denuncia, que impone penas de prisión o multas según el caso.

Medidas de prueba solicitadas

Según se informó desde el Municipio, se puso a disposición de la Fiscalía toda la documentación y prueba en su poder, acreditando la operatoria y debida fiscalización administrativa y bromatológica de la distribución de alimentos y de la donación de la carne de ciervo en particular.

Además, se requirieron informes a la Comisaría Segunda a los fines de identificar de manera fehaciente a los efectivos (más allá de que ya se cuenta con información al respecto), se solicita la declaración de todas las personas vinculadas con el episodio, entre ellas todos los funcionarios municipales, la empleada municipal involucrada en uno de los videos y responsables del Ahumadero Weiss. También se solicitan informes a referentes de los comedores y organizaciones sociales que recibieron la carne donada a los fines de alimentar a sectores vulnerables de la ciudad.

También se pusieron a disposición las filmaciones de las videocámaras del Gimnasio Municipal Nº 1, que registraron todo el supuesto “operativo”, y se solicitó el resguardo de todas las publicaciones realizadas al respecto en diversas redes sociales.