Se cumplen tres años del crimen de Rafael Nahuel: Aún no hay responsables

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen tres años del crimen del joven Rafael Nahuel, quien recibió disparos de un arma reglamentaria 9 mm. durante un procedimiento de Prefectura Naval en Villa Mascardi. Aún no hay responsables.

Desde ayer se reforzó la seguridad frente al Juzgado de calle San Martín con un vallado que ocupa la vereda y el estacionamiento frente a la sede de la Justicia Federal y varios efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Mientras tanto, la Justicia ordenó este lunes retomar la pericia balísica que había sido suspendida en marzo pasado. Cabe recordar que en un primer momento se determinó que el arma había sido disparada por Francisco Javier Pintos, miembro del grupo Albatros, pero en febrero la Cámara Federal de General Roca determinó la falta de mérito del agente federal.

El abogado de la APDH, Sebastián Feudal, dijo que se retomarán las pericias suspendidas por la pandemia. Si bien aún no hay una fecha específica, se espera con este estudio determinar de qué arma salió el proyectil que causó la muerte del joven.

25 de noviembre de 2017

Ese día Rafael Nahuel de 22 años se encontraba en el predio ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, quienes estaban desde hacía pocos meses atrás ocupando tierras que fueron reclamadas por Parques Nacionales. El joven estaba acompañando a sus familiares.

Pero ese día se realizó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad, encabezados por el grupo especial Albatros, perteneciente de Prefectura Naval. Durante ese procedimiento Nahuel recibió un disparo de un arma 9mm.

En junio de 2018, una pericia realizada por Roberto Nigris, Karina Uribe y la experta en criminalística Silvia Bufalini, indicó que el arma pertenecía a Francisco Javier Pintos. En enero de 2019 el juez federal Leónidas Moldes procesó a otros cuatro integrantes del grupo Albatros ya que interpretó que Nahuel murió en medio de un enfrentamiento.

Más tarde la Cámara Federal de Apelaciones dictó la falta de mérito a los demás prefectos, y en febrero de 2020, Pintos también recibió el mismo dictámen ya que una segunda pericia balísitica no coincidió con la primera.

 (Bariloche Opina)

Comunicado de la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

"El 25 de noviembre de 2017, dos días después del violento desalojo a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva, irrumpieron en el territorio más de 300 efectivos desatando la brutal represión en la que el prefecto Pintos del grupo Albatros, fusiló cobardemente a Rafita Nahuel Salvo por la espalda e hirió a dos compañeros cuando intentaban protegerse de los disparos en la montaña.

Rafita pibe, Rafita hijo, Rafita hermano, Rafita amigo, Rafita novio, Rafita weichafe, Luchó firme y digno por recuperar las tierras ancestrales robadas a su pueblo.

Los sueños de los de abajo siempre son peligrosos para los de arriba. El estado capitalista lo sabe y reacciona con todas sus fuerzas para poner las cosas en su lugar. Cuida y defiende los valores supremos de la propiedad privada y garantiza que nada ni nadie entorpezca el negocio de la tierra de los poderosos. Si tiene que reprimir, reprime. Y si tiene que matar, mata.

Hoy, al cumplirse tres años del cobarde asesinato de Rafita debemos denunciar que :

*El Prefecto Francisco Javier Pintos, sigue en libertad. La Cámara de Roca dictó la falta de mérito para su procesamiento.

* Lautaro González Curuhuinca, quién bajó el cuerpo de Rafa en busca de ayuda, es perseguido por la justicia federal, acusado de sedición y hace más de dos años debe mantenerse en la clandestinidad.

*La familia no fue respetada ni escuchada por el estado en su reclamo por Verdad y Justicia.

*La gobernadora Arabela Carreras y el senador Alberto Weretilneck, fieles representantes de un poder político violento y bestial que resguarda los intereses de los poderosos por sobre el derecho a existir de los pueblos, no han acompañado desde su responsabilidad política el reclamo por Justicia.

* El estado no ha asumido su responsabilidad política por el asesinato de Rafa, la represión y persecusión al pueblo mapuche.

* El poder judicial ha operado sistemáticamente para obstaculizar el avance de la causa y la posibilidad de juzgar a los asesinos.

Porque estamos convencidos que la organización de los de abajo combate el atropello de los de arriba. Y porque tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de luchar por verdad y Justicia contra la impunidad de los poderosos
Exigimos al Estado:

-Cárcel ya a los responsables del asesinato de Rafa.

-Absolución para Lautaro González Curuhuinca.

-Cese de la persecusión a la Lof Lafken Winkul Mapu.

-Reconocimiento de los territorios ancestrales recuperados.

-Basta de armar causas a los luchadores sociales.

-Fin del hostigamiento y represión al pueblo mapuche."

Pronunciamiento del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política

A tres años del asesinato de Rafael Nahuel, el Estado sigue en deuda con el pueblo mapuche

"Al cumplirse el tercer año del asesinato de nuestro peñi y lamngen Rafael Nahuel, el Poder Judicial de la Argentina ratifica su condición de colonial, ya que en la actualidad no hay procesado alguno por el crimen que cometieron integrantes de una fuerza de seguridad federal. Tampoco trascendió el resultado de las investigaciones que dispuso el actual gobierno sobre la actuación de los jefes que tuvieron responsabilidades de conducción durante aquellas jornadas nefastas.

Es más, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las voceras más desaforadas de la derecha neoliberal, al amparo de la impunidad en que siempre se regodean los poderosos. Pero el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política no olvida que sobre su conciencia –es un decir- pesa no sólo el crimen del joven Rafa, sino también la desaparición seguida de muerte del wenüy Santiago Maldonado, en otro punto del territorio mapuche.

El mismo accionar colonial quedó ratificado durante la penosa actuación de fiscales y jueces rionegrinos con funcionamiento en Bariloche, al sentar en el banquillo de los acusados a integrantes de la comunidad Buenuleo, en el marco de otro proceso de recuperación territorial. Magistrados federales y provinciales parecen ignorar que el Estado en cuyo nombre suponen administrar justicia, usurpó el territorio mapuche a fines del siglo XIX.

En el espacio del Nawel Wapi, nunca ondeó bandera española alguna y el Ejército Argentino arribó por vez primera en abril de 1881.

El pueblo mapuche es preexistente al Estado que fundaron los Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Como tal, tiene derechos muy específicos, consagrados por la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), la Constitución Nacional, la Ley 2287 del Indígena Rionegrino, la Carta Orgánica Municipal de San Carlos de Bariloche y la Ordenanza 2641 – CM – 15 por la cual el municipio de esta ciudad se reconoció intercultural.

No son las comunidades mapuche las que infringen la ley al hacer efectivos sus derechos, es el Estado en sus diversas jurisdicciones el que viola la normativa que es producto de décadas de lucha de todo un pueblo, en conjunto con otros pueblos originarios del mundo y de la Argentina. Es el caso de la Ley 26.160, que instituyó la “emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas”.

Catorce años después de su aprobación -¡14 años!- cuatro gobiernos más el actual, no fueron capaces de finalizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), cuya importancia quedó en evidencia recientemente, durante el juicio que se les sigue a pu peñi y lamngen del lof Buenuleo.

Tres años después del asesinato de Rafael, el pueblo mapuche está otra vez en el centro de la escena mediática hegemónica. La nueva ofensiva alcanzó ingredientes racistas que no se expresaban públicamente y con tanto desparpajo desde los tiempos del Awkan o Campaña al Desierto.

En la provincia, el gobierno de Juntos Somos Río Negro coincide tácticamente con las peores expresiones de la derecha neoliberal y a través de su gobernadora, ministros, legisladores, punteros y caterva de operadores mediáticos, apuntala la estigmatización de toda expresión mapuche que se anime a levantar la voz.

Bien le viene ubicar las legítimas demandas mapuche en el centro de la escena para ocultar la escandalosa extranjerización de la tierra que se registró durante su gestión anterior, poner en segundo plano su nefasta política sanitaria y propiciar el silencioso pero permanente avance mega-minero sobre territorios de comunidades mapuche.

Hace cuatro años que Juntos Somos Río Negro intenta imponer un nuevo régimen de “tierras fiscales” para facilitar la mercantilización de espacios que en realidad, forman parte del territorio de comunidades mapuche y también de familias no organizadas, otra maniobra cuya finalidad es abrirle la tranquera a especuladores inmobiliarios, compañías mega-mineras y emprendimientos turísticos sólo disfrutables para sectores de alto poder adquisitivo.

En la ciudad –de la que Rafael Nahuel era vecino- el gobierno municipal es el gran ausente en todos los conflictos que se avivaron en los últimos tiempos, al ignorar olímpicamente que se trata de un municipio intercultural, más allá del laberinto jurisdiccional que sólo sirve para atender los intereses de la clase propietaria barilochense.

No perdemos de vista que la jauría de racistas y xenófobos comenzó a ladrar cuando la actual gestión nacional hizo saber que no reprimiría las demandas territoriales de los pueblos indígenas.

Sabemos que la Sociedad Rural de Bariloche, la Cámara de Comercio y hasta burócratas sindicales de penosa trayectoria se indignaron, al trascender que Parques Nacionales estaba dispuesto a restituir hectáreas a la comunidad Lafken Wingkul Mapu en la zona de Villa Mascardi. Pero también vemos que la Casa Rosada continúa con sus políticas extractivistas a través de los hidrocarburos no convencionales, la mega-minería, la profundización de la agroindustria y más recientemente, los planes para la incorporación de las mega-granjas productoras de carne porcina.

Con la experiencia de la “década ganada” todavía a la vista, el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política, recuerda que el pueblo mapuche -al igual que los otros 35 pueblos que están en la jurisdicción argentina- no es un sector social más a incluir, ni una minoría, ni una disidencia, ni una colectividad.

Es precisamente, un PUEBLO. Lean presidente, ministros, gobernadores e intendentes la legislación que está vigente y encontrarán fácilmente la “hoja de ruta” que conducirá a resolver el conflicto que el Estado tiene con el pueblo mapuche, desde 1885 hasta hoy.

Fey Kay Muten.
Rafael Nahuel yem, ¡presente!

¡Taiñ futrakecheyem petu mongeleyengün!
¡Zoy epewün rupalu antü, wewayiñ!