ATE anunció que apelará la sanción del gobierno a enfermeros de Bariloche

El gobierno de Río Negro aplicó sanciones severas a enfermeros del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche por participar en una huelga en marzo pasado, la cual incluyó la interrupción de guardias y servicios críticos.

La medida, que afecta a 31 enfermeros con suspensiones de 10 a 20 días y recortes salariales de hasta un 80%, generó una respuesta inmediata del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que anunció una apelación ante la Fiscalía de Estado.

Las sanciones y la postura del gobierno

Las autoridades provinciales argumentaron que las sanciones son necesarias para preservar la continuidad del servicio público de salud y garantizar el respeto a los servicios esenciales. En su momento, el gobernador Alberto Weretilneck subrayó que el paro en sectores sensibles, como las guardias hospitalarias, afectaba directamente a la comunidad.

Además, el gobierno calificó la medida de fuerza de los enfermeros como un caso de "abandono de persona", lo que fue tomado como fundamento para aplicar un castigo ejemplar y evitar futuras interrupciones en los servicios.

Respuesta de ATE: Apelación y reclamo de derechos laborales

El sindicato ATE rechazó de plano las sanciones y anunció que llevará el caso ante la Fiscalía de Estado, calificando la decisión como un intento de "disciplinar" a los trabajadores y coartar el derecho a la protesta.

Según Patricia Reinahuel, secretaria general de ATE en Bariloche, estas medidas no solo afectan a los trabajadores sancionados, sino que además generan un precedente en contra de la libertad sindical. Reinahuel subrayó que las sanciones buscan castigar a quienes luchan por mejorar sus condiciones laborales, y que no existe justificación para aplicar recortes salariales de tal magnitud, que ponen en riesgo el sustento de los afectados.

ATE también cuestiona que el castigo llega en un momento de crisis en el sistema de salud, cuando los trabajadores demandan mejores salarios y condiciones laborales. 

Además de la apelación legal, ATE criticó que estas suspensiones provocan vacantes en el servicio de salud público, afectando a los usuarios del hospital Ramón Carrillo y poniendo en riesgo la atención de los barilochenses. El sindicato sostiene que las sanciones perjudican directamente la calidad de los servicios de salud, dado que la suspensión de personal afecta la capacidad de respuesta en un centro de atención clave para la ciudad.

Desde ATE se destacó la importancia de los enfermeros en la atención sanitaria, y advirtió que dejar sin cobertura a un grupo significativo de estos trabajadores pone en peligro la atención en el hospital. “Las autoridades no consideran el impacto de dejar a la comunidad sin enfermeros durante días consecutivos, lo cual solo agravará la situación en el sistema público de salud", expresó la representante gremial.

ATE anunció que, además de la apelación, mantendrá su compromiso de defender los derechos de sus afiliados y de todos los trabajadores del sector salud. La organización advirtió que las sanciones forman parte de un intento de frenar las protestas y que continuarán con movilizaciones y otras acciones en apoyo a los enfermeros sancionados.

Desde el gremio se remarcó que la Constitución Nacional y la Ley de Asociaciones Sindicales garantizan el derecho a la protesta y la libertad de organización, por lo que consideran que las sanciones del gobierno representan un avance contra los derechos adquiridos de los trabajadores.