Techo Digno: Comenzó el juicio oral contra el ex intendente Gustavo Gennuso

Este martes comenzó el juicio oral contra el ex intendente Gustavo Gennuso, acusado de presuntas irregularidades en la administración de fondos del programa habitacional Techo Digno.

El tribunal está integrado por Bernardo Campana, Juan Martín Arroyo y Gregor Joos. La acusación está a cargo del fiscal jefe Martín Lozada, mientras que la defensa de Gennuso será ejercida por los abogados Manuel Maza y Luciano Perdriel.

Lozada abrió el juicio destacando que Gennuso “se valió de las prerrogativas propias de su cargo para defraudar la confianza pública y administrar el patrimonio municipal de modo arbitrario, discrecional y en contradicción con la ley penal”.

Agregó que el acusado “dispuso de esos 105 millones para apartarlos de la esfera de custodia y de los controles que la municipalidad y Nación debían ejercer”.

Según el fiscal, las operaciones se produjeron en dos momentos puntuales de 2016: primero, el 6 de enero, con el débito de 100 millones de pesos de la cuenta de Nación a Credicoop, y luego el 31 de octubre, con un nuevo débito de 5 millones. En ambos casos, los fondos fueron destinados a plazos fijos, apartándolos de su fin original: el pago a las empresas constructoras.

Subrayó que Gennuso “quebró la tutela pública de estos bienes, apartándolos de la posibilidad de su adecuado control y extinguió la relación funcional existente entre el funcionario público y esos fondos”, argumentando que el hecho vulneró la confianza depositada por la comunidad y el correcto desenvolvimiento patrimonial municipal.

Tras el alegato del fiscal, el abogado Luciano Pedriel tomó la palabra. Señaló que sus alegatos se circunscribirán a los hechos imputados, y que no abordarán la posibilidad de restitución de fondos ni la normativa sobre su disposición, cuestiones que no están incluidas en la acusación vigente.

Pedriel destacó que Gennuso tenía pleno conocimiento de la situación económico-financiera del municipio al asumir en diciembre de 2015 y que las operaciones de constitución de plazos fijos, realizadas el 8 de enero y 2 de noviembre de 2016, “obedecen a facultades legales suficientes” establecidas en la normativa municipal vigente, citando los artículos 44 y 54 de la Ordenanza 669/91.

En sus palabras: “Todos y cada uno de los funcionarios intervinientes en la realización de estas operaciones tenían posibilidad inmediata, concreta y legal de controlar el origen, destino, cuantía y saldos de estas cuentas y de estos instrumentos”, enfatizando que, según la defensa, las operaciones no obstaculizaron ni impidieron la administración ni el control legal de los fondos.

El primer testigo fue Iván Kerr, quien se desempeñó como secretario de Vivienda de Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Kerr relató que “empezamos con auditorías porque había irregularidades en varias provincias con respecto al programa Techo Digno”, incluyendo a Río Negro.

El exfuncionario indicó que Bariloche era uno de los casos donde los avances físicos de las viviendas eran muy distintos a los avances financieros, y agregó: “Si se desembolsó el 100% del presupuesto, las obras tienen que estar en esa misma línea”.

Kerr también señaló que no conoce las razones por las cuales el Gobierno Nacional anterior había desarrollado los programas directamente con los municipios: “No es una irregularidad, pero no es lo habitual. Las provincias tienen los mecanismos más aceitados para resolver los mecanismos financieros con Nación”.

Durante su declaración, la defensa de Gennuso, representada por el Dr. Manuel Maza, preguntó sobre los plazos fijos tomados por la gestión Gennuso, a lo que Kerr respondió que no tenía conocimiento sobre esa operatoria, dejando claro que lo que se investiga en el juicio es una operatoria financiera puntual atribuida al exintendente.

El ex intendente está imputado por el delito de peculado, figura que contempla penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía, el ex intendente habría desviado fondos enviados por Nación para la construcción de viviendas, trasladándolos desde una cuenta del Banco Nación a otra del Banco Credicoop, donde se constituyeron plazos fijos por unos 105 millones de pesos, sin destinarlos a las obras ni reintegrarlos al organismo nacional. Los hechos se remontan a 2016.

El juicio se desarrollará durante cuatro jornadas, con la declaración de 16 testigos, entre ellos exfuncionarios municipales, exconcejales, peritos contables y representantes del Ministerio de Nación que intervinieron en la gestión del programa.

Esta causa fue una de las últimas en formalizarse dentro de las investigaciones por el programa Techo Digno, pero será la primera en llegar a juicio, ya que involucra un solo delito y su instrucción fue más directa. Otros exintendentes, como María Eugenia Martini, enfrentan causas similares con juicios previstos para 2026.

En total, se estima que unas 30 personas —entre exintendentes, exfuncionarios y empresarios de la construcción— están imputadas por el presunto manejo irregular de fondos destinados a las obras del programa.

(Bariloche Opina)