El Gobierno eliminó el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados

El Gobierno nacional derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados, lo que implica que las instituciones ya no estarán obligadas a informar con anticipación los valores de las cuotas y las matrículas, ni a contar con aval estatal para modificarlos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, según informó Noticias Argentinas. Con esta disposición, se deja sin efecto el Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas obligó a los establecimientos de enseñanza privada a notificar previamente a las familias el costo de la matrícula, las cuotas, los plazos de pago y los recargos por mora.

En los fundamentos, el Ejecutivo explicó que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El texto oficial remarca que el régimen original fue dictado en un contexto normativo distinto, cuando la educación aún dependía del gobierno nacional, y que con el paso de las competencias a las provincias, resulta necesario adecuar la regulación al esquema federal actual.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que la estructura de costos y aranceles del sector ha cambiado sustancialmente desde entonces, justificando así la revisión del antiguo decreto.

En este marco, el Ejecutivo argumentó que la intervención estatal en la fijación de precios “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica de los institutos”, al impedir que estos ajusten sus valores según las fluctuaciones del mercado.

Además, señaló que el sistema anterior obligaba a las escuelas a fijar cuotas más altas de lo necesario, por temor a no poder modificarlas durante el ciclo lectivo, lo que —según el Gobierno— terminaba perjudicando a las familias, al elevar los costos educativos desde el inicio del año escolar.

Finalmente, el texto concluye que la medida busca resguardar el principio de libre contratación, permitiendo a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y salarios en función de la competencia y de la realidad económica.

Fuente: Noticias Argentinas.