SECTA RUSA EN BARILOCHE

El abogado del líder de la “secta rusa” de Bariloche presentó un hábeas corpus por presunto seguimiento

Carlos Broitman denunció tareas de vigilancia sobre su domicilio en Buenos Aires y pidió la intervención urgente de la Justicia ante una posible afectación a su libertad y garantías constitucionales.
sábado 07 de febrero de 2026

El abogado Carlos Broitman, defensor de Konstantin Rudnev, señalado como presunto líder de la denominada “secta rusa de Bariloche”, presentó una acción de hábeas corpus preventivo al denunciar presuntas tareas de seguimiento e inteligencia sobre su domicilio particular, que atribuye a personal de fuerzas de seguridad del Estado.

Según Noticias Argentinas, el planteo fue realizado al amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.098, ante el temor de una restricción ilegítima de su libertad ambulatoria y una posible afectación a su integridad personal.

De acuerdo con el escrito judicial, los hechos ocurrieron en la vivienda del letrado ubicada en el country “El Venado”, en la localidad bonaerense de Canning. La presentación sostiene que las circunstancias detectadas “exceden una conjetura subjetiva” y configuran un cuadro de “gravedad institucional”, por lo que solicitó la intervención urgente del Poder Judicial para esclarecer el origen y la legalidad de las maniobras.

El episodio que motivó la denuncia se produjo cuando una persona se presentó en el acceso principal del barrio privado manifestando ser representante de Mercado Libre, con el supuesto objetivo de verificar si Broitman residía efectivamente en ese domicilio. La consulta llamó la atención del personal de seguridad del country.

Tras retirarse, el individuo ingresó a una camioneta Toyota Hilux blanca, en la que se encontraban otros cuatro hombres. Ante lo inusual de la situación, la guardia activó el protocolo interno, dio aviso al abogado y se realizó un llamado al 911.

Posteriormente, y con intervención policial, se estableció un dato central: la camioneta no pertenecía a una empresa privada, sino que, según consta en la presentación judicial, sería propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que, para la defensa, agrava sustancialmente el cuadro denunciado.

Broitman sostuvo que el episodio “no puede ser interpretado como un hecho aislado ni casual” y lo vinculó directamente con su rol como defensor en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”. En declaraciones a Noticias Argentinas, afirmó que se trata de presiones para que se aparten de la defensa, y remarcó que la acusación “no soporta el control jurisdiccional para llevar adelante un juicio justo”.

En el escrito, el abogado señaló que desconoce si las tareas detectadas responden a una orden judicial válida, quién las habría dispuesto y con qué finalidad. También indicó que no fue notificado de actuación judicial alguna en su contra y que, de existir una causa legítima, se presentaría de inmediato ante la autoridad competente.

El hábeas corpus advierte que la utilización de una identidad falsa para recabar información personal genera un temor concreto y verificable, reforzado por el carácter oficial del vehículo involucrado. Como respaldo, se incorporaron registros fotográficos del sistema de seguridad del country donde se observa la camioneta denunciada.

Asimismo, el abogado vinculó el episodio con su actuación profesional en la causa FGR 2878/2025, que tramita ante la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche, y recordó un antecedente en el que un juez rechazó un pedido fiscal de allanamiento al domicilio de un abogado por considerarlo violatorio del derecho de defensa y del secreto profesional.

En su presentación, Broitman alertó que vigilar o investigar a defensores técnicos afecta garantías constitucionales básicas, y sostuvo que, de comprobarse tareas de seguimiento sin orden judicial válida, deben cesar de manera inmediata.

En el petitorio, solicitó que se adopten medidas urgentes para determinar si existen tareas de vigilancia, que se informe quién las dispuso y con qué objetivos, y que se garantice la protección de su libertad, su integridad personal y el pleno ejercicio de su actividad profesional.

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