Suspendieron la formulación de cargos contra el concejal Lucas Pérez

La formulación de cargos prevista para ayer jueves en una causa por presunta estafa que involucra al concejal Lucas Pérez Darío y a Romina Belén Moreno fue suspendida por decisión judicial, tras un pedido conjunto de las partes para avanzar en una posible solución alternativa.

La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías César Lanfranchi, con la participación de la fiscal Sofía Ocampo, los querellantes Luis María Terán Frías y Valentina Carneiro Mühlberger, en representación de Julio César Ibáñez Herrera, el abogado Sebastián Arrondo por Pérez Darío y la defensora pública Patricia Catalán por Moreno.

En ese contexto, la fiscalía informó que continúan las conversaciones entre las partes en el marco del artículo 14 del Código Procesal Penal y solicitó una nueva suspensión de plazos por 30 días para intentar alcanzar un acuerdo.

El pedido contó con el aval de la querella y de las defensas, que coincidieron en la necesidad de contar con más tiempo para avanzar en una posible resolución del conflicto.

Con este escenario, el magistrado resolvió suspender los plazos procesales hasta el próximo 11 de mayo, lo que en la práctica posterga la formulación de cargos.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que, en caso de alcanzarse un entendimiento, las partes puedan presentar un pedido de sobreseimiento por escrito.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la investigación se centra en una presunta maniobra destinada a obtener un beneficio económico indebido mediante una operación inmobiliaria.

Según la acusación, los imputados habrían intervenido en una secuencia orientada a presentar como válida una transacción que, en realidad, tenía como objetivo apropiarse de fondos a través de engaño.

En ese marco, la fiscalía atribuye a Pérez un rol activo en distintas etapas de la operatoria, incluyendo la intermediación entre las partes, la coordinación de pagos y la firma de documentación vinculada a la operación.

La resolución judicial no implica el cierre de la causa, sino que establece un compás de espera para que las partes definan si es posible una salida alternativa.

En paralelo, el juez advirtió que existe una situación procesal pendiente respecto de otro imputado, Carlos Riffo, que deberá resolverse en el marco del expediente.

El plazo fijado vence el 11 de mayo, fecha hasta la cual se determinará si el caso avanza hacia un acuerdo o retoma el trámite penal ordinario.

(Bariloche Opina)