Avanza una ley clave para evitar cortes de servicios en hogares vulnerables

La Legislatura rionegrina dio el primer paso para frenar la interrupción de servicios esenciales hasta 2027. La medida apunta a proteger a jubilados, personas con discapacidad y familias con ingresos por debajo de la canasta básica.
jueves 30 de abril de 2026

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que establece la suspensión de cortes en los servicios de gas, electricidad y agua para sectores vulnerables, en una medida que busca garantizar condiciones mínimas de vida frente al contexto económico actual.

La iniciativa fue respaldada por amplia mayoría, con 35 votos a favor y 4 en contra, y prevé que la protección se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027.

El alcance de la norma incluye a jubilados, personas con discapacidad y familias cuyos ingresos no alcanzan el costo de la canasta básica, uno de los puntos centrales del proyecto impulsado en la Legislatura.

Según se estableció, quienes quieran acceder al beneficio deberán presentar una declaración jurada, tras lo cual las empresas prestatarias estarán obligadas a restituir el servicio en un plazo máximo de 48 horas y sin cobrar reconexión en caso de cortes previos.

Además, la normativa deja en claro que no se trata de una condonación de deuda: las compañías deberán ofrecer planes de pago accesibles, con cuotas que no podrán superar el 20% de la factura de mayor consumo del usuario.

Durante el debate legislativo, la iniciativa fue defendida como una herramienta de contención social. En ese sentido, se destacó que busca garantizar derechos básicos en un contexto donde muchas familias no logran afrontar el costo de los servicios esenciales.

También hubo respaldo desde distintos bloques políticos, donde se remarcó la necesidad de acompañar a los sectores más afectados por la situación económica, especialmente de cara a los meses de invierno en la región.

Este proyecto retoma antecedentes legislativos en Río Negro vinculados a la protección de usuarios vulnerables y se inscribe en una línea de políticas públicas orientadas a evitar que la falta de pago derive en la pérdida de servicios básicos, considerados fundamentales para la vida cotidiana.

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