Imputaron a cuatro personas por presuntas estafas con viviendas en contenedores que nunca fueron entregadas

Cuatro personas fueron imputadas por la presunta comisión de una serie de estafas vinculadas a la construcción de viviendas modulares con contenedores marítimos, en una causa que involucra a nueve grupos familiares que habrían resultado perjudicados entre los años 2022 y 2025.

De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, las personas imputadas habrían actuado de manera coordinada a través de una empresa dedicada a la construcción de viviendas modulares. Según la teoría del caso, cada una cumplía funciones específicas relacionadas con la administración, comercialización, cobro y seguimiento de los proyectos contratados.

La investigación sostiene que ofrecían viviendas familiares bajo la modalidad “llave en mano”, promocionando tiempos de ejecución considerablemente más cortos que los de una construcción tradicional. Para concretar los acuerdos celebraban contratos de obra y percibían importantes adelantos de dinero, generalmente en dólares.

Según la acusación, una vez suscriptos los contratos, las personas imputadas aseguraban a los clientes que las obras avanzaban conforme a lo previsto. Incluso, en algunos casos, exhibían contenedores que supuestamente serían utilizados para los proyectos contratados, colocaban carteles con los nombres de los propietarios y ofrecían trabajos adicionales, como colocación de pisos, aberturas o instalaciones especiales, por los que también cobraban sumas extra.

Sin embargo, la Fiscalía afirmó que las empresas involucradas carecían de la capacidad técnica, financiera y operativa necesaria para cumplir con las obras comprometidas. A pesar de ello, continuaban celebrando nuevos contratos, percibiendo pagos y solicitando prórrogas en los plazos de entrega mientras sostenían que los trabajos seguían en marcha.

La investigación también señala que una de las personas imputadas concurría personalmente a los terrenos donde debían emplazarse las viviendas para reforzar ante los clientes la apariencia de que los proyectos se encontraban en ejecución.

De acuerdo con la acusación, la maniobra habría perjudicado a nueve grupos familiares, quienes contrataron viviendas entre los años 2022 y 2024. En la mayoría de los casos, las víctimas habrían abonado cerca del 90 por ciento del valor total de las construcciones, sin recibir las viviendas comprometidas.

Otro de los aspectos investigados está vinculado con la creación posterior de una nueva sociedad comercial dedicada al mismo rubro. Según expuso la Fiscalía, esta estructura comenzó a operar durante 2025, ofreciendo nuevamente viviendas mediante el mismo sistema constructivo y captando potenciales clientes.

Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal se encuentran las denuncias de las personas damnificadas, contratos de obra, comprobantes de pago, intercambios por correo electrónico y aplicaciones de mensajería, cartas documento, documentación societaria, informes comerciales y financieros, además de elementos secuestrados durante distintos allanamientos.

Durante esos procedimientos se incautaron siete teléfonos celulares, cuatro computadoras de escritorio, nueve notebooks y tablets, dispositivos de almacenamiento digital, un sistema electrónico de cobro y abundante documentación comercial, material que será sometido a distintos peritajes especializados.

Además, permanecen pendientes diversas pericias informáticas y una pericia contable destinada a determinar la situación económica y financiera de las empresas investigadas y evaluar si realmente tenían posibilidades de cumplir con los contratos celebrados.

Debido a la cantidad de personas imputadas, el número de hechos investigados y el importante volumen de evidencia documental, informática y contable que aún debe analizarse, la Fiscalía solicitó que la causa fuera declarada como investigación compleja.

La querella acompañó la formulación de cargos y pidió medidas cautelares para resguardar eventuales responsabilidades patrimoniales. Entre ellas solicitó la inhibición general de bienes de las personas imputadas y de las sociedades investigadas, además de la prohibición de salida del país.

Las personas acusadas, asistidas por defensas públicas y particulares, prestaron declaración durante la audiencia. Mientras que la Defensa Pública Penal no se opuso a la declaración de complejidad del caso ni al plazo solicitado para la investigación, una de las defensas particulares adelantó que sostiene una teoría diferente a la presentada por la Fiscalía.

Finalmente, el Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por nueve hechos de estafa en concurso real, atribuidos a las cuatro personas imputadas en carácter de coautoras, conforme a los artículos 172 y 45 del Código Penal.

Asimismo, dispuso que la causa tramite como asunto complejo y fijó como fecha límite para la investigación preparatoria el 2 de junio de 2027. También hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas, incluyendo la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes, la obligación de fijar domicilio y la de permanecer a disposición de la Justicia durante todo el proceso.