Herramientas para preservar la producción y el trabajo nacional

La República Argentina enfrenta la primer crisis sanitaria, económica y social internacional. Nunca antes estas tres crisis se habían desarrollado en todas y cada una de las naciones del planeta. Nuestro país es el octavo más grande el mundo, pero el 27 en términos de riqueza (medida en PBI), muy por debajo de EEUU, Europa occidental y Brasil o México, en nuestra región. Así y todo, estamos entre los países que mejor está manejando la pandemia, en términos de salud pública y políticas de protección económica y social.

Todos los días recibimos pedidos de repatriación de argentinos que vivían hace años del otro lado de la cordillera, y están ante el desamparo total de un un sistema sanitario privatizado y una política económica que no prioriza el trabajo y la producción. Las fronteras cerradas, como consecuencia de la proliferación del virus, vuelven a colocar la mirada en los atributos y capacidades de los Estados Nación para hacer frente a una crisis inimaginada tan sólo unos meses atrás.

El Estado argentino, como correlato y consecuencia de su tradición histórica en materia de inclusión social, bienestar y protección de lo propio, impulsó una serie de medidas que ahora son ejemplos que el mundo pide imitar. Al refuerzo de las asignaciones contributivas y no contributivas, se sumó el IFE. El Ingreso Familiar de Emergencia es una política de transferencia de ingresos universal, que desde la CEPAL al Papa, piden que se tome en el conjunto de países, particularmente los más pobres y desiguales.

En relación a las medidas para el sector productivo, los empresarios españoles solicitan un ATP europeo. Porque si no lo hacen, las empresas cierran primero, y como consecuencia los niveles de desempleo subirían como actualmente sucede en Estados Unidos. No hay seguro de desempleo privado que contenga tantos meses recesivos.

Teniendo como base esta medidas presenté un Proyecto de Ley, que se encuentra actualmente en tratamiento por la comisión de Justicia y Asuntos Penales. La iniciativa propone suspender los pedidos de quiebras de las empresas, como medida para blindar a las pequeñas y medianas empresas ya que, una vez levantada la feria judicial, van a multiplicarse estos pedidos. Todo esto desencadenaría en la destrucción de unidades productivas, principalmente las MIPYMES, y con ellas, las fuentes laborales que generan.

En nuestro país la pequeña empresa es uno de los motores de la economía productiva en tanto aporta el 70% del empleo, 50% de las ventas y 30% del valor agregado. Son las unidades desde las cuales se dinamizan las economías locales y a las que más debemos proteger y acompañar siempre, máxime en un escenario de crisis generalizado.

Según el Observatorio de PYMES, en abril había más de 35 mil PYMES que estaban en condición crítica sin posibilidad de continuar sus actividades, esto representa aproximadamente 190 mil puestos de trabajo. Al 15 de mayo ese número ascendió a 61 mil pequeñas empresas que ocupan 263 mil trabajadores. Este Proyecto no va a solucionar el problema de fondo, pero sí evitará que se les pueda solicitar o dar trámite a los procesos de quiebra iniciados por acreedores, y se los obligue a cerrar sus puertas sin la posibilidad de refinanciar sus deudas una vez que la pandemia finalice. De esta manera, se le impide a las entidades financieras ejecutar los bienes de nuestra industria nacional, mientras dure la emergencia.

El proyecto en sí, cuenta con 3 medidas urgentes: frena los pedidos de quiebra a pedido de los acreedores; pero exime a los deudores que sean personas humanas o PYMES, quienes sí pueden pedir su propia quiebra. Por otra parte, frena las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias en los concursos preventivos, en tanto la finalidad es evitar que se les prive de sus herramientas de trabajo: ya sea un local, un auto, maquinaria, o cualquier otro insumo clave. Finalmente, suspende las medidas cautelares y prohíbe nuevas medidas de este tipo sobre bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades relacionadas con la empresa.

Estamos en un momento atípico que requiere medidas excepcionales para preservar primero la vida de nuestros compatriotas y luego el entramado productivo y las fuentes de empleo de nuestra población. Somos un país periférico, estamos sobreendeudados y no contamos con los recursos económicos de los países centrales. No obstante, somos un Estado construido sobre las bases de una cultura solidaria y asociativa, que forjaron nuestras comunidades y colectividades desde finales del Siglo XIX, y hoy es ejemplo de protección y amparo hacia el conjunto de la sociedad.

Silvina García Larraburu, Senadora Nacional por Río Negro.