El Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades Más Urgentes. Un nuevo contrato social para Bariloche

Se encuentra en tratamiento en el Concejo Municipal el proyecto 60-2020 que reglamenta el artículo 136 de la Carta Orgánica Municipal, que creó el Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades Más Urgentes con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable de nuestra ciudad.

Históricamente, Bariloche recibió una menor atención por parte del Gobierno Provincial, que la percibía como una “ciudad rica” en relación al resto de la Provincia. Esta realidad se puede observar, por ejemplo, en el régimen de coparticipación municipal, donde como observó el Intendente días pasados, Bariloche aporta el 30% pero recibe tan sólo el 17% de los recursos. Este desfasaje se fue acumulando a lo largo de décadas, restando margen de acción al municipio para atender las necesidades de una población creciente.

La ciudad rica, además, ya no lo es: de 10 turistas por habitante en la década de 1970 hoy tenemos algo más de 5 turistas por habitante. Si bien existe un sector privilegiado que extrae enormes beneficios de los 700 mil turistas que arriban año a año a este hermoso rincón del mundo, el turismo como principal actividad no genera los ingresos y el empleo que requiere nuestra población. Algo de riqueza derrama, claro está, pero claramente no alcanza. De eso hay relativo consenso en nuestra comunidad.

El resultado de este desfasaje estructural y la menguante capacidad de Bariloche para “arreglarse por sí misma” tiene como resultado el panorama que puede ver cualquier persona que recorra la ciudad: 10 mil hogares de nivel socioeconómicamente bajo, restricciones en el acceso a servicios básicos (5 mil hogares sin red de gas, por ejemplo), hacinamiento (que afecta a 7 mil hogares), precariedad habitacional (3.500 hogares), falta de espacios públicos y equipamiento (3 gimnasios municipales para 140 mil habitantes), falencias en la recolección y disposición de residuos, colapso del sistema de transporte urbano de pasajeros, más de 500 km de calles sin asfaltar y sin cordón cuneta, etc.

Para revertir esta situación hace falta una política sostenida de inversión en infraestructura y equipamiento en los barrios populares de nuestra ciudad. Y eso requiere una fuerte decisión política y un nuevo contrato social, porque esos recursos deben ser aportados por sectores que tengan capacidad contribuyente.

En los últimos años, la gestión de Gennuso se planteó como objetivo modernizar la infraestructura turística, con la misma lógica del derrame que ya demostró ser insuficiente. Esas prioridades se expresan en la asignación de los pocos recursos que le quedan al Municipio después de pagar salarios: $100 millones de la Ecotasa y $80 millones del Emprotur figuran para 2020 para promover el sector turístico; y recientemente en el marco del Argentina Hace se presentaron tres proyectos de embellecimiento de espacios también turísticos por otros $80 millones. Por fuera de esto, sólo hay dos obras de infraestructura en curso de años anteriores con el mecanismo de contribución por mejoras: la red de cloacas en San Francisco y la red de gas de Villa Lago Gutiérrez.

En definitiva, si no fuese por planes de Nación como el Pro.Me.Ba. o los planes en ejecución del IPPV también de años previos prácticamente no se invertiría nada en obras de infraestructura para la población trabajadora de nuestra ciudad, y no hay obras nuevas previstas. Todo para el turismo, nada para los barrios. Ese pareciera ser el único plan en materia de inversión en infraestructura, hace años.

Y ahí es donde se inserta la importancia de la discusión del proyecto sobre el Fondo Fiduciario para Atender las Necesidades Más Urgentes, que apunta justamente a inyectar recursos genuinos en mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. Este fondo se va nutre de aportes especiales de empresas que no tienen asiento en la ciudad, en general grandes multinacionales, que se benefician del destino turístico Bariloche, de su paisaje privilegiado y de las políticas de promoción que aún con muchas dificultades mantienen todavía a la ciudad como un destino interesante a nivel nacional y regional.

Esperemos que los concejales de los diferentes bloques de concejales entiendan la importancia de generar algún acuerdo que permita implementar la manda constitucional pendiente de 2007. Los concejales, como explicó el ex constituyente Rodolfo Rodrigo días pasados, juran por la Carta Orgánica al asumir su cargo y deben cumplirla, no cuestionarla, lo mismo que el Intendente. Es el momento de generar un nuevo contrato social que permita empezar a revertir la desigualdad estructural que se cristalizó en esta ciudad tan injusta que vivimos.

Tomás Guevara
Investigador Adjunto CONICET
Colaborador en la redacción del proyecto 60-2020