En enero de 2007 un grupo de personas, convencionales en aquella oportunidad y con Arabela Carreras presidiéndolos, nos dijo que el Estado Municipal debía “Asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre como la vida, la salud, la educación, la vivienda…”.

También nos contaron que “La Municipalidad promueve el acceso a una vivienda digna, coordinando con los gobiernos provincial y nacional programas para su concreción “
Obviamente, según nos dijeron, debía “Regular los usos del suelo, y las condiciones de habitabilidad sin riesgo para el ambiente y las personas”, y por supuesto “Proteger los bosques nativos y permanentes a fin de preservar su calidad de protectores”

Catorce años han pasado y nos viene a la memoria una consulta que hacía la revista “HUMOR”  a los lectores: ¿Qué es la Constitución? Opciones: Un barrio, una estación de trenes, un librito de ciencia ficción…

Nuestra Carta Orgánica es la Constitución del Estado Municipal, la misma en la cual está escrito todo lo que nos dijeron Arabela Carreras y compañía en 2007. Por supuesto siguieron ordenanzas que debían proteger los bosques, las cuales nunca se aplicaron como herramienta de planificación. Ejemplo de esto es la 2020-CM-10, sobre bosques protectores, aquellos en pendiente, los cuales a su vez protegen a la gente que vive en lugares con peligro de aludes de roca, tierra y nieve. Un año antes el Concejo Municipal había aprobado la Ordenanza 1640-CM-06 que imponía como “Guía de peligros geológicos” al estudio del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino). En él quedaba muy claro que la ladera sur del Otto, la cual está siendo talada y arrasada en este momento por cerca de 100 familias,  reviste un riesgo máximo de “remoción en masa”, el cual se agudiza por estos desmontes. Abundan normativas con grandes intenciones, pero parece que la realidad no sabe leer, o tal vez los funcionarios que crean esa realidad han olvidado cómo hacerlo.  La única verdad… es que los ejecutivos provincial y municipal no aseguran el derecho a la vivienda, no regulan las condiciones de habitabilidad sin riesgo para el ambiente y las personas, y por supuesto, no protegen aquellos bosques que, paradójicamente, protegen a la gente.

Es obvio que pocos tienen miles de dólares para comprar un terreno de lo que se deduce que, si el ejecutivo quiere proteger los bosques, como es su obligación, debe proteger también a la gente que no tiene vivienda. Uno de los dos proyectos que ayudaron a la actual gobernadora a ascender en su carrera política fue el Parque Tecnológico, para el cual se expropiaron 319 ha. Sería todo un detalle que la Lic. Arabela Carreras pusiera el mismo empuje, ahora que tiene más Poder aún, para conseguir tierras destinadas a viviendas sociales. Hasta hoy, el Ejecutivo nos debe esta iniciativa, por un lado, y también nos debe el cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Provincial: La custodia del medio ambiente está a cargo de un organismo con poder de policía, dependiente del Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le fija la ley. Los habitantes están legitimados para accionar ante las autoridades en defensa de los intereses ecológicos reconocidos en esta Constitución.

El ejecutivo provincial debe custodiar los bosques, cosa que sólo hacen Alfredo Allen e Ignacio Dura, cuando deberían ser 15 los inspectores en funciones por ley, simplemente porque son propiedad del Estado (art 70 Const. Provincial). Ciegos y sordos, los funcionarios ignoran nuestra Constitución y también la Ley de Bosques (Ley 4552). Eso sí, mudos no son.

Tierra, vivienda, desmontes, aludes, fuego. Una bomba de tiempo y los gobiernos hipnotizados sólo por el resultado en las urnas.

Asociación Civil Árbol de Pie
Bariloche – 2 de septiembre de 2021