Río Negro ya tiene Ley de Ficha Limpia para cargos públicos

En una sesión extraordinaria, la Legislatura de Río Negro aprobó este miércoles la Ley de Ficha Limpia, destinada a garantizar que personas condenadas por delitos dolosos con sentencia en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos ni ocupar posiciones partidarias.

La normativa fue sancionada con 36 votos a favor y 5 en contra. El legislador Lucas Pica, miembro informante del proyecto, afirmó que esta ley busca generar "un verdadero shock de confianza" en medio de una crisis de representatividad política. "Solo los mejores hombres y mujeres deben formar parte de la oferta electoral," enfatizó.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), Lorena Matzen destacó que la ley responde a una demanda ciudadana y fortalece la democracia. "Que hoy aprobemos 'ficha limpia' es defender la democracia. Representa los valores y la necesidad de saldar una deuda con la ciudadanía," expresó. Su compañero de bancada, Ariel Bernatene, subrayó la necesidad de garantizar la transparencia en la función pública. "Es un estándar que ha demostrado su efectividad en otras provincias del país. Es una herramienta concreta para evitar que personas condenadas por delitos ejerzan roles de liderazgo en los partidos políticos y en la política," afirmó.

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Por su parte, María Laura Frei, del bloque Pro Unión Republicana, respaldó el proyecto aunque señaló motivaciones políticas detrás de su tratamiento. "Defendemos 'ficha limpia' porque creemos en una política transparente, no porque sea conveniente sino porque es lo correcto. Los rionegrinos merecen sinceridad, compromiso, no decisiones tomadas según el momento político," explicó.

En tanto, Santiago Ibarrolaza resaltó la urgencia de frenar prácticas políticas deshonestas que generan desconfianza social. "Esa dinámica en la que ha entrado la política argentina en la cual empezamos con garantismos que no tienen sentido... han hecho que la sociedad termine enojada con la política," indicó.

En representación del bloque Primero Río Negro, Elba Mansilla defendió la constitucionalidad de la ley. "La Corte no tiene plazos, entonces pedir que la condena quede firme a través de la Suprema Corte de la Nación es pedir que nunca se expida. Me parece perfecto que tengamos ese doble conforme que ya veníamos aplicando en la provincia," fundamentó.

Roberta Scavo, de la Coalición Cívica Ari - Cambiemos, llamó a combatir la corrupción estructural en el país. "Los delitos de corrupción generan un daño estructural y productivo al país, atentan contra el sistema democrático porque perdemos la confianza, la credibilidad," sostuvo.

El presidente de la bancada oficialista, Facundo López, aseguró que la normativa refleja el compromiso del gobierno provincial con la integridad y la justicia, rechazando acusaciones de inconstitucionalidad hechas por la oposición. "Para algunos la Corte Suprema de Justicia de la Nación es buena cuando la sentencia nos favorece; ahora, es mala cuando la sentencia no nos gusta," afirmó.

En contraste, Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, alertó sobre posibles violaciones al principio de presunción de inocencia y riesgos de proscripción política. "Generar inhabilitaciones a personas que no tienen sentencia firme y que aún les restan instancias de apelación puede ser una herramienta muy peligrosa, no para nadie en particular, sino para la democracia en general," advirtió.

Sin embargo, Luciano Delgado Sempé, en disidencia con su bancada, apoyó la iniciativa por considerarla un gesto necesario hacia la ciudadanía. "No puedo dejar de oír a los vecinos que nos piden este gesto de transparencia, de honestidad," señaló.