PODER JUDICIAL

Frustrada compra online de zapatos: una vecina de SAO será resarcida y multan al comercio

Una mujer de San Antonio Oeste reclamó ante la Justicia por la falta de entrega de dos pares de zapatos comprados por internet. El comercio deberá devolverle el dinero y pagarle una multa por daño punitivo.
miércoles 02 de julio de 2025

Una vecina de San Antonio Oeste logró que la Justicia le ordenara a un comercio del Alto Valle devolverle el dinero de una compra online que nunca se concretó y, además, le aplicara una multa equivalente al valor mensual de una canasta básica.

El caso comenzó cuando la mujer compró dos pares de zapatos a través de internet en un local de General Roca. El acuerdo indicaba que la mercadería sería entregada en diez días, pero vencido el plazo, la clienta reclamó y le informaron que los artículos estaban en falta, ofreciéndole un vale para otra compra. La mujer rechazó la propuesta y pidió la devolución del dinero, pero no obtuvo respuestas.

Frente a la falta de solución, la vecina inició actuaciones ante Defensa del Consumidor de SAO y luego presentó un reclamo de menor cuantía en el Juzgado de Paz de la ciudad.

El comercio no se presentó a las citaciones judiciales, por lo que se aplicó el artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite tener por reconocidos los hechos de la parte actora ante la ausencia injustificada de la demandada.

En la sentencia, la jueza de Paz valoró la documentación aportada por la compradora y recordó que se trataba de una relación de consumo, según la Ley de Defensa del Consumidor.

Además de la devolución del dinero actualizado, se ordenó aplicar un daño punitivo para desalentar prácticas similares. “Los daños punitivos son sumas que buscan punir graves inconductas y prevenir hechos futuros”, detalla el fallo.

El comercio deberá abonar a la clienta una suma equivalente al valor de la canasta básica total hogar tipo 3, actualizada según datos del INDEC.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro impulsa este tipo de procesos para garantizar el acceso rápido y gratuito a la Justicia en situaciones que no superen los 1,8 millones de pesos, sin importar la localidad de residencia.

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