La justicia frena despidos en el INTA y ordena sanciones al Gobierno

La resolución judicial que suspendió los despidos en el INTA y dispuso una multa diaria al Gobierno nacional significó un fuerte alivio para los trabajadores del organismo, aunque el desgaste ya se siente en todo el sistema. En diálogo con el programa Ideas Circulares, el director del INTA Bariloche, Mauro Sarasola, sostuvo que el fallo era previsible, ya que “el Gobierno se excedió en los poderes delegados por el Congreso e intentó avanzar en una intervención que no era legal”.

Sarasola explicó que el conflicto comenzó con el Decreto 462, mediante el cual se había dispuesto la disponibilidad de personal en distintas áreas del instituto. “La Justicia nos dio la razón y se debe volver a la situación previa al decreto. Estamos contentos por esa decisión, pero es muy triste lo que se hizo con el INTA y con otras instituciones como el INTI. Se maltrató a la gente de manera innecesaria”, remarcó.

El impacto de la medida alcanzaba a 286 trabajadores en todo el país, muchos de ellos profesionales de institutos de investigación vinculados a la agricultura familiar. Aunque la Experimental de Bariloche no estaba directamente afectada, sí lo estaba la sede Patagonia con base en Plottier, donde se desarrollan proyectos clave para los pequeños productores. “No se trata de puestos que alguien pueda reemplazar fácilmente, son profesionales con una función insustituible en el desarrollo rural”, subrayó.

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El director recordó que la resistencia a la intervención no fue solo de los trabajadores, sino también de sectores productivos e institucionales. “Productores, intendentes, consejos deliberantes, municipios y hasta gobernadores reclamaron que no se desmantele el INTA, pero el Gobierno no escuchó”, señaló.

La paralización administrativa, sin embargo, trajo complicaciones. Según Sarasola, “llevamos más de dos meses en los que no se pueden autorizar gastos ni pagar servicios, y varios ensayos se sostienen con fondos propios de los trabajadores. El daño ya está hecho”. Respecto al tiempo que demandará volver a la normalidad, indicó que algunas cuestiones podrían resolverse en semanas si se restablecen las autoridades administrativas, pero advirtió que “la pérdida de personal nos llevará años recomponerla, porque las vacantes siguen congeladas y los retiros voluntarios profundizaron el vaciamiento”.

El fallo también ordena una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento por parte del Ejecutivo. Sarasola afirmó que desconoce si el Gobierno apelará, aunque confía en que “prime la racionalidad para acatar lo que dispuso la Justicia”.

Finalmente, el director del INTA Bariloche planteó la necesidad de retomar una agenda de desarrollo institucional: “Esperamos volver a trabajar en condiciones normales, con proyectos de modernización y eficiencia, y no bajo una lógica de desmantelamiento. Queremos pensar un INTA mejor, no destruirlo”. (Bariloche Opina)