La oposición rechazó los cambios en el uso de la SUBE

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche implementó, mediante la Resolución 2513-I-2025, una serie de medidas para controlar el uso de las tarjetas SUBE con beneficios locales, entre ellas las destinadas a residentes, estudiantes y personas con discapacidad.

Según el texto oficial, las tarjetas son de uso personal e intransferible, y los inspectores de la empresa Mi Bus están facultados para verificar su uso y retenerlas en caso de detectarse irregularidades. El procedimiento, regulado por la nueva resolución, establece que las tarjetas retenidas deben ser retiradas por su titular en la Oficina SUBE del Centro Cívico, presentando el DNI original, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

El objetivo —explicó el Ejecutivo— es garantizar el correcto funcionamiento del sistema de beneficios y evitar fraudes. En ese sentido, se introdujeron sanciones progresivas que van desde la suspensión temporal del beneficio hasta la pérdida definitiva en caso de reiteradas infracciones. Por ejemplo, el primer uso indebido implica el retiro de la tarjeta y su devolución después de 7 días, mientras que de 2 a 5 usos indebidos conllevan una suspensión de 15 días. En caso de más de cinco infracciones, el retiro es definitivo y el usuario solo podrá recuperar la tarjeta sin beneficios locales.

La resolución también dispone límites diarios en la cantidad de viajes subsidiados. Los residentes y estudiantes podrán realizar hasta cuatro pasajes diarios con beneficio, mientras que las personas con discapacidad y sus acompañantes tendrán permitido hasta ocho viajes por día, debiendo trasladarse juntos durante todo el recorrido.

Estas disposiciones generaron un fuerte rechazo desde la oposición. La concejala Roxana Ferreyra, integrante de la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), consideró que las medidas “castigan a los usuarios y no a la empresa”.

“El intendente impone sanciones a los trabajadores, a los estudiantes y a las personas con discapacidad, pero no aplica ninguna medida a la empresa concesionaria que presta un servicio deficiente desde hace años”, afirmó en diálogo con el programa Ideas Circulares.

Ferreyra advirtió que los nuevos límites perjudican a quienes deben usar más de un colectivo para trasladarse diariamente. “Si una persona necesita tomar tres colectivos para ir a trabajar y tres para volver, dos de esos pasajes quedarán fuera del beneficio y deberá pagar la tarifa completa”, explicó.

En sus declaraciones, la concejal también cuestionó la falta de control sobre la empresa Mi Bus, responsable del servicio desde 2017. “Tenemos problemas no resueltos con la línea 80/81, que desde marzo no pasa por la calle La Paz; colectivos que se prenden fuego y unidades en malas condiciones. Sin embargo, la empresa sigue recibiendo subsidios y no hay sanciones del municipio”, expresó.

Ferreyra recordó además que la mayoría de la Comisión de Seguimiento está integrada por representantes del Ejecutivo, la empresa y el oficialismo, lo que dificulta el debate interno. “Me toca ser la única representante de la oposición, y muchas veces los planteos que llevamos no prosperan”, señaló.

La polémica se da en paralelo a una nueva reunión de la Comisión, donde la empresa Mi Bus solicitó una revisión tarifaria que llevaría el boleto mínimo a $2.045 y el boleto residente a $1.800. Para la edil, el incremento “es desproporcionado frente a los salarios actuales” y evidencia que el servicio “no ha mejorado en la misma medida que las tarifas”.

“Los barilochenses merecemos un mejor servicio. No se puede castigar a los más débiles mientras se siguen otorgando subsidios a una empresa que no cumple con su contrato”, enfatizó.

Por su parte, desde el Municipio insistieron en que la medida busca preservar el sistema y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente les corresponden, solicitando la colaboración y responsabilidad de los usuarios para mantener un transporte justo y equitativo. (Bariloche Opina)