Qué establece la Ley Penal Juvenil que se debate en el Senado y busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El Senado debate el proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil, una iniciativa del Gobierno nacional que propone bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años y reemplazar la ley vigente desde 1980. La propuesta ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora se encuentra en etapa de definición en la Cámara Alta.

El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, sostiene que la legislación actual quedó desactualizada frente al escenario de la delincuencia juvenil y que Argentina se encuentra por fuera de los estándares de la región en cuanto a la edad mínima de punibilidad.

Además, plantea que creció la participación de menores de entre 12 y 15 años en delitos, incluso en hechos graves, lo que genera una percepción de impunidad.

Qué establece el proyecto de Ley Penal Juvenil

Entre los puntos centrales de la iniciativa que se discute en el Senado se destacan:

– Baja de la edad de imputabilidad: se propone que los adolescentes sean penalmente responsables desde los 14 años, en lugar de los 16 actuales. El proyecto original planteaba los 13, pero fue modificado tras negociaciones políticas.

– Penas para menores: para delitos menores, se prevén sanciones de hasta 3 años. Para delitos graves —como homicidios, abusos o secuestros— se fija un tope de 15 años de prisión, con posibilidad de extenderlo hasta 20 años en casos excepcionales.

– Enfoque socioeducativo: el régimen incorpora penas graduales, libertad asistida, amonestaciones, tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, con el objetivo de favorecer la reinserción social del menor.

– Prohibición de convivencia con adultos: los adolescentes que cometan delitos no podrán ser alojados junto a adultos en cárceles comunes. Se prevé la creación de institutos especializados o espacios diferenciados dentro del sistema penitenciario.

– Centros de detención especializados: el proyecto impulsa la construcción de espacios con personal capacitado en niñez, salud mental y adicciones, orientados a la educación y al acompañamiento integral de los jóvenes. Para menores de 15 años que cometan delitos graves, se contempla la internación con fines de resocialización, bajo control judicial.

– Reparación del daño: se habilitan mecanismos de reparación económica o mediación con la víctima, cuando la situación lo permita y con consentimiento de las partes.

– Financiamiento del sistema: el Gobierno prevé la incorporación de un capítulo presupuestario específico, con una inversión superior a los $23.700 millones, destinada a la construcción de centros especializados y a la contratación de equipos interdisciplinarios.

Desde lo conceptual, la propuesta combina una mirada punitiva, al ampliar la punibilidad de los menores, con un enfoque de resocialización, al priorizar medidas educativas y de reinserción social como parte del régimen penal juvenil.

Con información de Noticias Argentinas