Instituciones advierten que no reciben pagos de obras sociales y alertan por riesgo en la atención

Las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad en Bariloche y El Bolsón atraviesan un momento crítico. Según advirtió Marcela Salvatore, referente de diversas organizaciones del sector, la falta de pagos por parte de algunas obras sociales mantiene a prestadores y trabajadores en una situación límite, con dificultades incluso para afrontar gastos básicos de funcionamiento.

Durante una entrevista con el programa Ideas Circulares, Salvatore explicó que el reclamo no es aislado de la región sino que se replica en todo el país. “El reclamo es en todo el país justamente por la falta de pago y por la falta de respuesta ante los pagos”, señaló al describir la situación que atraviesan las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.

En ese sentido, detalló que desde fines del año pasado las prestaciones no han sido abonadas. “Durante los meses de diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo no ha ingresado un solo pago, y no tenemos forma de hacer frente a nuestras obligaciones”, explicó.

La falta de recursos ya impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de los centros. Salvatore indicó que las instituciones enfrentan dificultades no solo para cumplir con los salarios del personal, sino también para sostener servicios básicos. “Hoy, siendo día 5, el personal todavía no ha cobrado los sueldos. Tampoco podemos pagar a los proveedores”, afirmó.

En algunos casos, la situación se vuelve aún más compleja por la naturaleza de las prestaciones que brindan. “Nosotros damos desayuno, almuerzo, merienda y cena en el caso del hogar. No hay forma de sostenerlo si no tenemos ingresos”, remarcó.

De acuerdo con la referente del sector, el problema involucra principalmente a Incluir Salud y PAMI, dos obras sociales que dependen del Estado nacional. Sin embargo, aseguró que no han recibido respuestas concretas ante los reclamos realizados por las instituciones.

“Es una falta absoluta de respeto. La discapacidad existe, aunque no la quieran ver”, sostuvo Salvatore al referirse a la falta de soluciones frente a una problemática que afecta tanto a prestadores como a usuarios.

Actualmente, muchas de las organizaciones que brindan estos servicios funcionan como instituciones privadas sin aportes estatales directos, por lo que dependen exclusivamente de los pagos por prestaciones para sostener su funcionamiento. “Somos una institución privada, no tenemos un aporte del Estado. Tenemos obligaciones que cumplir, y no se trata solo de pagar sueldos”, explicó.

El impacto potencial de esta situación también preocupa a las familias que dependen de estos espacios de atención. Salvatore advirtió que si las instituciones se ven obligadas a cerrar, la consecuencia sería inmediata para quienes reciben las prestaciones.

“Si nosotros tenemos que cerrar la institución, ¿qué hacen las familias con sus familiares? ¿A dónde los mandan?”, planteó, al remarcar que muchos de los usuarios requieren atención permanente.

Según indicó, el problema no es nuevo y ya provocó consecuencias en distintos puntos del país. “Han cerrado muchísimas instituciones en todo el país por esta misma causa: la falta de respuesta, la falta de pagos y la falta de actualización de los aranceles”, explicó.

Sobre este último punto, señaló que el ajuste otorgado en los últimos meses resulta insuficiente frente al contexto económico. “Nos dieron un 5,78% en los últimos siete meses, cuando sabemos que esa no es la realidad del país, y mucho menos en la Patagonia”, afirmó.

Ante este escenario, las instituciones decidieron comenzar a visibilizar la problemática a nivel nacional. Este jueves se realizaron movilizaciones en distintos puntos del país, como parte de un reclamo colectivo del sector.

Salvatore anticipó además que podrían profundizarse las medidas si no hay respuestas en los próximos días. “Hoy hay movilización en todo el país. Si para el lunes no hay respuesta, habrá cese de actividades por tiempo indeterminado”, advirtió.