Fallo judicial favorece al Estado: rechazan amparo de UNTER por reorganización en nivel inicial

Un juez laboral de General Roca rechazó una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) contra el Ministerio de Educación provincial, en relación con la reorganización de cargos docentes en el nivel inicial.

La presentación del gremio buscaba que se ordenara el cese de las medidas administrativas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes, así como la restitución de las designaciones existentes antes de las resoluciones adoptadas por el Consejo Provincial de Educación.

Sin embargo, el juez Juan Huenumilla concluyó que no se verificaba una ilegalidad manifiesta ni una afectación urgente de derechos que justificara la intervención judicial mediante un amparo, una herramienta considerada de carácter excepcional dentro del sistema judicial.

Durante el proceso, el Ministerio de Educación de Río Negro sostuvo que las decisiones cuestionadas forman parte de políticas públicas educativas y responden a un análisis territorial de la matrícula escolar, que detectó una disminución significativa de estudiantes en distintas zonas.

Según explicó la Provincia, la reorganización se basó en criterios cuantitativos vinculados a la cantidad de alumnos, y aseguró que no se produjeron despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares.

El magistrado consideró que la información aportada por el Ministerio demostraba que el procedimiento respetó la normativa vigente. En ese sentido, destacó que los docentes titulares mantienen su salario y el derecho a una nueva asignación dentro del sistema educativo.

En cuanto a docentes interinos o suplentes, el fallo señaló que su estabilidad es limitada por la naturaleza de sus designaciones, por lo que la finalización de esos cargos no constituye una vulneración ilegal de derechos.

La sentencia también analizó la posible afectación al derecho a la educación. Sobre este punto, el juez indicó que no se acreditó el cierre de salas obligatorias ni reclamos generalizados de familias.

Además, recordó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales continúan garantizadas según la información presentada por el Estado provincial.

En su presentación, Unter sostuvo que la reorganización de cargos provocaba desplazamientos funcionales, cambios en las condiciones laborales y riesgos para la estabilidad docente.

El sindicato también planteó que las medidas podían afectar la continuidad pedagógica y el funcionamiento institucional de los establecimientos educativos, además de vulnerar la estabilidad prevista en el Estatuto del Docente.

No obstante, el juez consideró que no se comprobó un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara la vía del amparo.

El fallo remarcó además que las decisiones sobre la organización del sistema educativo forman parte de la planificación del Consejo Provincial de Educación, una competencia que solo puede ser revisada judicialmente cuando se demuestre una afectación concreta de derechos fundamentales.

De esta manera, el magistrado concluyó que las resoluciones cuestionadas fueron adoptadas dentro de un proceso institucional en el que participaron distintos sectores, incluido el propio sindicato.