Río Negro aplicó nuevas cesantías y sanciones por faltas graves en la administración pública

El Gobierno de Río Negro informó la aplicación de nuevas sanciones disciplinarias a agentes de la administración pública, en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Junta de Disciplina para controlar el cumplimiento de las funciones estatales.

Según se detalló desde el área de Función Pública, en lo que va de 2026 se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos, medidas que responden a faltas graves detectadas en el desempeño laboral.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas acciones forman parte de una política destinada a garantizar un servicio público eficiente y cuidar los recursos del Estado, valorando a los agentes que cumplen con sus responsabilidades.

De acuerdo a la información oficial, desde enero de 2024 la Junta de Disciplina analizó más de 1.000 expedientes administrativos, lo que permitió agilizar procesos que históricamente tenían demoras y duplicar el promedio anual de resoluciones.

Como resultado de ese trabajo, desde el inicio de la actual gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos, mientras que 77 casos concluyeron con absoluciones.

“Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Las actuaciones disciplinarias abarcan distintos tipos de incumplimientos en el ámbito estatal, entre ellos ausencias injustificadas, desatención de tareas, negligencia en el uso de insumos públicos o conflictos laborales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos o agresiones entre compañeros.

En los casos más graves, la legislación prevé sanciones como la cesantía, que implica la desvinculación del agente con prohibición de reingreso al Estado por cinco años, o la exoneración, que supone la expulsión definitiva e inhabilitación permanente para trabajar en la administración pública, especialmente cuando existen delitos con condena penal firme.

Las autoridades aclararon que las sanciones no se aplican de forma automática, sino que se originan a partir de sumarios administrativos en los que instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran informes.

Posteriormente, la Junta de Disciplina —integrada por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN— evalúa cada caso y determina la sanción correspondiente, de acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del agente.