Compró un auto usado, falló a los tres días y la Justicia ordenó reemplazarlo

Una joven de Bariloche compró un auto usado que dejó de funcionar a los pocos días y, tras un proceso judicial, logró un fallo que ordenó su reemplazo, una indemnización económica y una sanción contra la empresa vendedora.

La compradora había adquirido un Volkswagen Gol en una concesionaria local, tras años de ahorro, con la expectativa de contar con un vehículo en condiciones normales de uso y con garantía.

Sin embargo, a los pocos días de retirarlo, el auto presentó fallas en el motor y aumento de temperatura. El diagnóstico inicial indicó daños en la junta de la tapa del motor y en la tapa de cilindros, componentes esenciales para su funcionamiento.

La reparación demandó más de un mes. Pero tras la entrega, el problema reapareció: el vehículo comenzó a emitir humo blanco y a consumir aceite y agua en exceso, señales de un daño interno más profundo. Desde entonces, el auto quedó prácticamente inutilizado.

Ante la falta de soluciones efectivas, la joven solicitó una revisión independiente, que confirmó que la reparación necesaria implicaba un costo cercano a la mitad del valor del vehículo.

Durante el proceso judicial, la empresa argumentó que los daños se debían a un golpe posterior a la compra. Sin embargo, una pericia técnica determinó que el motor ya presentaba un desgaste previo a la operación y que el problema existía desde antes.

El informe concluyó que la reparación inicial solo solucionó parcialmente una falla, pero dejó sin resolver un defecto clave, por lo que el auto no cumplía con condiciones mínimas de uso.

El juez interviniente encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, y consideró que la garantía no fue cumplida correctamente, ya que una reparación que no restituye el funcionamiento normal no satisface la obligación del proveedor.

En su resolución, ordenó a la firma a entregar un vehículo de características similares, retirar el auto defectuoso y pagar una indemnización por los daños, incluyendo la imposibilidad de uso.

Además, se aplicó una multa civil por la falta de respuesta adecuada frente a los reclamos. El fallo es de primera instancia y aún puede ser apelado.