La llamaba “chorra” en redes sociales y la Justicia intervino

Un conflicto vecinal que se trasladó a las redes sociales y derivó en acusaciones públicas motivó la intervención de la Justicia, que ordenó a las partes poner fin a los agravios y avanzar en una instancia de mediación para intentar resolver la disputa.

La decisión fue adoptada por un Juzgado de Paz de General Conesa, que aplicó medidas preventivas previstas en la Ley Contravencional de Río Negro con el objetivo de evitar que la situación continúe escalando.

La actuación judicial se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer contra otra vecina, a quien acusó de hostigarla tanto en la vía pública como a través de publicaciones en redes sociales.

Según consta en las actuaciones, la denunciada realizaba comentarios ofensivos en Facebook, donde calificaba a la otra mujer de “chorra”. De acuerdo con la presentación judicial, esos mensajes también fueron replicados en páginas de amplia difusión local.

Durante el proceso se conoció que el conflicto tendría relación con una bicicleta que permaneció en la chacra de la mujer que presentó la denuncia.

En una audiencia posterior, la vecina denunciada manifestó que había prestado el rodado, aunque posteriormente sostuvo que nunca había recibido el pago correspondiente.

Además, reconoció haber realizado publicaciones ofensivas en redes sociales y se comprometió a eliminarlas.

Al analizar el caso, la jueza recordó que la Ley Contravencional de Río Negro establece que, antes de avanzar en determinadas acciones de instancia privada, las partes deben intentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o la conciliación.

La magistrada destacó que estas herramientas buscan recomponer los intereses afectados y restablecer la convivencia social sin necesidad de profundizar el enfrentamiento judicial.

En ese contexto, resolvió implementar medidas cautelares destinadas a evitar nuevos episodios de confrontación.

La resolución ordenó que ambas partes se abstengan de protagonizar incidentes, realizar reclamos personales o proferir agravios entre sí, tanto en espacios públicos como privados.

Asimismo, dispuso que no podrán efectuar comentarios ni publicaciones en redes sociales que puedan generar situaciones de hostilidad, humillación o degradación hacia la otra persona.

La medida busca prevenir nuevas situaciones de conflicto mientras se desarrolla la instancia de diálogo impulsada por la Justicia.

Como parte de la resolución, el expediente fue remitido al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC), organismo que tendrá la tarea de intervenir para intentar alcanzar una solución consensuada entre las vecinas.

La jueza también advirtió que el incumplimiento de las medidas ordenadas podría derivar en la aplicación de sanciones previstas por la legislación contravencional.

Entre ellas se contemplan amonestaciones, prohibiciones de concurrir a determinados lugares, realización de trabajos comunitarios, multas e incluso arresto, según la gravedad de la conducta y las circunstancias de cada caso.

La resolución apunta a desactivar un conflicto que trascendió el ámbito privado y encontró en las redes sociales un nuevo escenario de confrontación, con el objetivo de restablecer la convivencia y evitar nuevas situaciones de violencia verbal.