El CONIAR impulsa un debate en Río Negro sobre la actualización del sistema penal juvenil

El Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Negro (CONIAR) avanza en un proceso de análisis y debate sobre la actualización del procedimiento penal juvenil en la provincia, luego de la sanción de la Ley Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente N° 27.801.

La iniciativa busca reunir las miradas de organismos estatales, organizaciones sociales y referentes territoriales vinculados a las infancias y adolescencias, para evaluar cómo adaptar la normativa provincial a la nueva legislación nacional y a las particularidades de Río Negro.

La vicepresidenta del CONIAR y legisladora provincial Maricel Ceballos explicó en el programa Ideas Circulares que el organismo convocó a las instituciones que forman parte del Consejo para analizar las distintas realidades que atraviesan los adolescentes en conflicto con la ley.

“El CONIAR está constituido por organizaciones civiles y también por instituciones del Estado. Yo soy vicepresidenta, no presidenta, pero frente a esta situación de urgencia era necesario convocar a todos los sectores que lo integran”, aclaró.

Ceballos señaló que el encuentro tomó como referencia un trabajo realizado por la Red de Adolescencias de Viedma, con participación del Ministerio Público Fiscal, organizaciones locales y representantes de distintas localidades de la provincia.

Además, participaron referentes de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, conocidos como CONyA en algunas ciudades, como el caso de General Roca, quienes aportaron una mirada territorial sobre las problemáticas actuales.

La legisladora explicó que uno de los principales desafíos es analizar la compatibilidad entre el proyecto de procedimiento penal juvenil que ingresó a la Legislatura en 2018, elaborado originalmente por el Superior Tribunal de Justicia, y la nueva normativa nacional.

Según indicó, la sanción de la Ley 27.801 abrió un nuevo escenario, especialmente por dos aspectos centrales: la reducción de la edad de responsabilidad penal y el enfoque sobre las sanciones aplicables a adolescentes.

“Una cuestión tiene que ver con la baja de la edad respecto a la responsabilidad penal y otra con el desconocimiento de lo que significa la conformación de un sujeto durante la adolescencia”, afirmó Ceballos.

Desde su formación como psicóloga, sostuvo que la adolescencia es una etapa fundamental en la construcción de identidad y que las respuestas del Estado deben contemplar los contextos de vulnerabilidad.

También cuestionó que algunos modelos puedan estar pensados para grandes conglomerados urbanos y no necesariamente respondan a las realidades provinciales.

“Un proyecto penal pensado en el conurbano difícilmente sea aplicable a las provincias”, señaló.

Durante la entrevista, Ceballos destacó que una de las principales preocupaciones actuales está vinculada a la situación económica de muchas familias.

Explicó que la falta de empleo formal y la precarización laboral generan escenarios donde niños, niñas y adolescentes terminan asumiendo responsabilidades de cuidado o acompañamiento dentro del hogar.

“La informalidad del trabajo muchas veces complejiza la situación familiar y hace que los chicos y las chicas tengan que acompañar o asumir tareas de cuidado”, expresó.

Otro eje central es la salud, especialmente la salud mental y los consumos problemáticos.

La legisladora remarcó que cuando se habla de consumo no debe pensarse solamente en sustancias, sino también en conductas compulsivas relacionadas con otras prácticas, como los juegos en línea y el uso excesivo de dispositivos digitales.

“El consumo es en general aquella conducta que nos lleva necesariamente a ser compulsivos en algo, y sabemos que hoy los juegos en línea son una situación muy compleja”, sostuvo.

También mencionó la importancia de sostener las trayectorias educativas y acompañar los proyectos personales de los jóvenes, además de abordar una problemática que genera especial preocupación: el alto índice de suicidio adolescente y las dificultades vinculadas a la salud mental.

Ceballos destacó que Río Negro cuenta con una trayectoria propia en políticas de adolescencia, con presencia territorial de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y articulación con distintos organismos provinciales.

Según explicó, el trabajo conjunto entre Desarrollo, Educación y Derechos Humanos permite generar estrategias de acompañamiento y prevención.

Como ejemplo, mencionó el sistema de Escuelas Secundarias Rurales (ESRN), donde docentes y equipos educativos mantienen contacto permanente con jóvenes que viven en zonas alejadas.

“Uno puede pensar que porque están distantes de los centros urbanos no tienen situaciones complejas, y sí las tienen, incluso algunas muy complejas”, afirmó.

Además, señaló que Río Negro presenta una baja incidencia de jóvenes en conflicto con la ley penal, aunque consideró necesario avanzar en una discusión profunda para establecer criterios propios.

“No hay un número significativo de jóvenes que cometen delitos graves, pero eso no significa que no tengamos que asumir una postura y construir una herramienta adecuada”, indicó.

El CONIAR prevé una nueva reunión para el 30 de julio, donde se continuará trabajando sobre los aportes realizados por los distintos organismos.

Ceballos explicó que también se buscará avanzar en un encuentro con el Ministerio de Desarrollo y la SENAF para analizar la situación de los Consejos Locales y fortalecer la participación territorial.

El objetivo es elaborar un documento que pueda incorporarse al expediente legislativo existente y aportar la mirada del CONIAR al tratamiento de la actualización normativa.

“Esta es una cuestión que puso luz sobre varias otras problemáticas, y ninguna de ellas es irrelevante. Tenemos que pensar en el futuro de nuestros pibes y pibas”, afirmó.

La Ley Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente N° 27.801, sancionada en marzo, establece entre sus puntos principales la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

A partir de esa edad, los adolescentes pueden ser sometidos a procesos penales por delitos contemplados en el Código Penal.

La normativa también establece límites para las sanciones: fija un máximo de 15 años de prisión, prohíbe la prisión perpetua para menores de 18 años y determina que la privación de la libertad debe aplicarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.

(Bariloche Opina)