LEGISLATURA

Proponen quitar impuestos a créditos hipotecarios para construir la primera vivienda

La iniciativa busca reducir el costo de los préstamos destinados a construir una vivienda única y familiar. El beneficio alcanzaría a quienes acrediten tres años de residencia en Río Negro y cumplan una serie de requisitos.
jueves 27 de agosto de 2026

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone eximir del Impuesto de Sellos y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las operaciones vinculadas con créditos hipotecarios destinados exclusivamente a la construcción de la primera vivienda familiar.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Juan Martín (PRO) y apunta a reducir el costo financiero de quienes buscan acceder a un préstamo para construir una vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

De acuerdo con el proyecto, podrán acceder al beneficio quienes acrediten al menos tres años de residencia efectiva en Río Negro, construyan sobre un inmueble ubicado dentro de la provincia y destinen el crédito exclusivamente a la construcción de esa vivienda.

La propuesta establece además límites para acceder a la exención. La vivienda no podrá superar los 120 metros cuadrados cubiertos, mientras que el crédito hipotecario no podrá exceder las 120.000 UVAs.

Quedarían excluidas del beneficio las operaciones destinadas a la segunda vivienda, las inversiones inmobiliarias y los proyectos con fines comerciales.

En los fundamentos, Martín plantea que el acceso a una vivienda propia se encuentra entre las principales demandas de la población rionegrina, en un contexto marcado por los elevados precios inmobiliarios y una oferta todavía limitada de créditos hipotecarios frente al déficit habitacional.

El legislador sostiene que la carga tributaria provincial representa un componente adicional dentro del costo de los préstamos y que su reducción podría facilitar el acceso al financiamiento, particularmente para quienes buscan construir su primera vivienda.

Si la iniciativa es aprobada, la exención tendría una vigencia de cinco años desde la entrada en vigencia de la ley y alcanzaría a las operaciones formalizadas durante ese período, independientemente del plazo total establecido para la amortización del crédito.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro sería la autoridad encargada de aplicar el régimen y podría establecer convenios con el Registro de la Propiedad Inmueble y entidades financieras para verificar que los beneficiarios cumplan con las condiciones previstas.

El proyecto deberá ahora continuar su tratamiento legislativo antes de determinar si el beneficio impositivo finalmente se convierte en ley.

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