La Justicia extendió la investigación sobre una presunta asociación ilícita ligada a terrenos

La Fiscalía delimitó con mayor detalle el hecho atribuido a tres hombres investigados por el delito de asociación ilícita en Bariloche. La reformulación se concentró principalmente en acotar el período investigado y en describir las funciones que, según la acusación, habría cumplido cada uno de los integrantes. 

Además, se amplió hasta el 17 de noviembre de 2026 el plazo de la investigación penal preparatoria.

El fiscal del caso Gerardo Miranda explicó que la acusación ubica ahora el funcionamiento de la presunta asociación entre el 4 de febrero de 2022 y el 9 de abril de 2024. La primera fecha corresponde a la conformación de un grupo de WhatsApp denominado “Lotes”, mientras que el cierre temporal coincide con el fallecimiento de otro de los integrantes investigados en el marco de una causa por homicidio.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados y la persona fallecida habrían conformado una organización con estabilidad y permanencia destinada a desarrollar distintas maniobras vinculadas con inmuebles.

Para ello, habrían distribuido tareas relacionadas con la identificación de terrenos, acciones de intimidación, la elaboración y utilización de documentación, el asesoramiento financiero y el aporte de recursos económicos y materiales.

Como sustento de la acusación, la Fiscalía mencionó las extracciones y análisis realizados sobre cuatro teléfonos celulares, en particular las conversaciones mantenidas en el grupo “Lotes”, además de documentación secuestrada, informes de Gendarmería Nacional, registros vinculados con inmuebles e información patrimonial.

Miranda señaló que, luego del análisis de la evidencia reunida, la acusación continuará centrada en la presunta conformación de la asociación y no en la atribución independiente de otros delitos vinculados con las distintas maniobras investigadas. La calificación legal se mantuvo como asociación ilícita, en carácter de coautores, conforme al artículo 210 del Código Penal.

Las defensas no se opusieron a la reformulación y solicitaron contar con un plazo suficiente para analizar la evidencia incorporada al legajo. Una de ellas dejó planteadas reservas respecto del alcance de la producción de nuevas medidas durante la extensión de la investigación.

Al resolver, el juez Gangarrosa consideró que la reformulación cumplió con los requisitos legales al precisar las circunstancias del hecho y mantener la calificación jurídica. En consecuencia, tuvo por reformulados los cargos y dispuso extender por dos meses la investigación penal preparatoria, hasta el 17 de noviembre de 2026.