MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Imputaron a un hombre por vender un vehículo que había sido entregado como garantía de un préstamo en dólares
Este lunes, el Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por presunta defraudación mediante desbaratamiento de derechos acordados, tras haber vendido un vehículo que había sido entregado como garantía de un préstamo en dólares, según la acusación.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia de formulación de cargos, los hechos ocurrieron el 1° de abril de 2025, cuando las denunciantes otorgaron al imputado un préstamo superior a los 10.000 dólares en efectivo.
La operación fue respaldada por un convenio de reconocimiento de deuda y un formulario 08 firmado ante escribana pública, que establecían el vehículo como garantía y fijaban el 15 de abril de 2025 como fecha de devolución.
Según la hipótesis fiscal, llegada la fecha de vencimiento, el acusado no restituyó el dinero, evadió el contacto con las prestamistas y, posteriormente, vendió el vehículo comprometido en garantía, a pesar de haberlo cedido previamente a las acreedoras.
Esta maniobra habría frustrado los derechos de las denunciantes sobre el bien, generando un perjuicio económico que motivó la intervención judicial.
La Fiscalía sostuvo la acusación con diversas pruebas, entre ellas el convenio de deuda, el formulario 08, informes de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, cartas documento y mensajes incorporados durante la investigación preliminar.
Por su parte, la Defensa Pública Penal manifestó haber tenido acceso a todas las pruebas y consideró que se encontraban reunidos los requisitos legales para habilitar la formulación de cargos.
La defensora adjunta no se opuso al plazo de investigación propuesto, aunque aclaró que la defensa sostendrá una teoría del caso distinta a la planteada por la Fiscalía.
Finalmente, el Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos contra el imputado por el delito de defraudación mediante desbaratamiento de derechos acordados, previsto en el artículo 173, inciso 11, del Código Penal.
El magistrado dispuso un plazo de investigación hasta el 13 de marzo de 2026, y ordenó que el acusado mantenga actualizado su domicilio y número telefónico, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de incumplimiento.
Cabe recordar que el artículo mencionado sanciona a quien, con el fin de defraudar, vende, grava o compromete bienes sobre los que pesa un derecho ajeno o una garantía otorgada, afectando los derechos de otras personas.