Nacional promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero suspende su aplicación

El Gobierno Nacional promulgó recientemente dos leyes aprobadas por el Congreso, aunque su aplicación fue suspendida mediante los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial.

Se trata de la Ley 27795 de Financiamiento Universitario y la Ley 27796 de Emergencia Pediátrica, ratificadas por ambas cámaras pese al veto presidencial, con la suspensión fundamentada en el impacto fiscal que generarían.

Según los decretos, la promulgación se realiza “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, que establece que cualquier norma que genere gastos debe prever su financiamiento. En caso contrario, la ejecución de la ley queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país.

Entre sus puntos principales se incluye la actualización automática de los gastos de financiamiento en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y el control externo de las universidades por parte de la Auditoría General de la Nación, cuyos informes serán remitidos al Congreso.

La normativa también prevé que el Poder Ejecutivo disponga los créditos presupuestarios necesarios para asegurar la continuidad de los servicios universitarios, actualizando las partidas a partir del 1º de enero de 2025 sin afectar la coparticipación federal de impuestos ni los aportes del Tesoro Nacional. Se establece además que la ley podrá financiarse con incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y de residencias nacionales de salud, priorizando la asignación inmediata de recursos para insumos críticos, medicamentos, vacunas, infraestructura, tecnologías médicas y personal esencial.

La normativa incluye la recomposición salarial del personal de salud, la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas y declara al Hospital Garrahan como referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad.

El decreto establece además la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, integrada por representantes del Congreso, del Ministerio de Salud, del COFESA y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que entregará informes trimestrales sobre la ejecución de los programas.

La prioridad se centrará en hospitales públicos de referencia y en servicios críticos como urgencias, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas y oncología pediátrica.

(Con información de Noticias Argentinas)