El Gobierno defendió en la Legislatura el paquete fiscal de Río Negro para 2026

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Río Negro, Alejandro Palmieri, fundamentó este martes ante una reunión plenaria de comisiones de la Legislatura provincial el paquete fiscal correspondiente al Ejercicio 2026, que contempla dos proyectos centrales: la modificación al Código Fiscal y Leyes Base, y la Ley Impositiva Anual. Según explicó el funcionario, la propuesta mantiene los lineamientos tributarios implementados por la actual administración, priorizando la igualdad, la equidad y la progresividad del sistema, al tiempo que busca consolidar una mayor eficiencia recaudatoria con reglas claras y previsibles para los contribuyentes.

Palmieri remarcó que las iniciativas no implican un aumento de la carga tributaria para el próximo año y, por el contrario, generan alivios en los impuestos con mayor cantidad de contribuyentes. “No incrementan en nada la carga tributaria de los rionegrinos el año que viene, sino todo lo contrario”, afirmó, al tiempo que señaló que en los impuestos Automotor e Inmobiliario “hay menos carga fiscal que este año”. En ese sentido, sostuvo que los cambios propuestos son mínimos y se concentran únicamente en ajustes considerados imprescindibles luego de dos años de modificaciones estructurales.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la reducción al uno por ciento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, así como para la distribución de gas natural y combustibles gaseosos por tuberías. De concretarse, Río Negro se convertirá en la jurisdicción con la alícuota más baja del país para ese sector. El objetivo, explicó Palmieri, es beneficiar de manera directa a los hogares, al sector industrial y al conjunto de las actividades económicas, reduciendo el impacto de este componente impositivo en las facturas de luz y gas. En términos generales, se mantienen las alícuotas de Ingresos Brutos vigentes en 2025, preservando una estructura comparativamente menos gravosa que la de otras provincias.

En materia de impuestos patrimoniales, el proyecto propone una actualización del 25 por ciento interanual en los valores utilizados para la valuación fiscal del Impuesto Inmobiliario, un porcentaje que se ubica por debajo del Índice de Precios al Consumidor del ejercicio actual. Para el Impuesto a los Automotores, se sostienen los topes al tributo anual, con incrementos también inferiores a la inflación estimada, estableciendo un límite máximo del 25 por ciento respecto del monto correspondiente a 2025. Además, se mantiene una exención del 50 por ciento para los vehículos de movilidad sustentable durante el período fiscal 2026.

Entre las modificaciones al Código Fiscal, se incorpora una limitación a la exención del Impuesto Inmobiliario que actualmente beneficia a los entes estatales nacionales, provinciales y municipales. A partir de la reforma propuesta, la exención solo se aplicará si el inmueble está efectivamente afectado al cumplimiento de funciones específicas del Estado. En caso de que el bien sea cedido o utilizado por particulares para fines no públicos, el ente estatal deberá tributar el impuesto o informar la identidad del usuario para su correcta imputación fiscal.

El paquete fiscal también ratifica distintos beneficios e incentivos al cumplimiento. Se mantiene una bonificación del cinco por ciento en los impuestos Inmobiliario y Automotor para quienes abonen en término y no registren deudas o las tengan regularizadas. A su vez, se ofrece una bonificación del veinte por ciento por el pago total anual de esos tributos para contribuyentes sin deuda al 31 de diciembre de 2025, mientras que en caso de registrar deuda el beneficio se reduce al cinco por ciento. Continúa además la bonificación adicional del diez por ciento por adhesión al débito automático, acumulable con los beneficios anteriores. En paralelo, se renueva el Régimen Especial para la Línea Sur, con una reducción del veinte por ciento en el Impuesto Automotor y del treinta y cinco por ciento en el Inmobiliario rural para las localidades alcanzadas.

Respecto al Impuesto de Sellos, se proponen actualizaciones del veinticinco por ciento en los importes fijos para determinados actos, se mantiene la tasa cero para la compra de vehículos utilitarios cero kilómetro destinados a actividades productivas y de transporte, y se incorpora una modificación normativa que establece que, cuando se pacten varias garantías personales en una misma operación, se tributará únicamente sobre una sola, evitando el pago múltiple.

Durante el debate, los legisladores realizaron consultas y aportaron propuestas. Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, planteó la necesidad de revisar las exenciones otorgadas a productores de actividades primarias con mayor capacidad económica. Por su parte, Martina Lacourt, del PRO – Unión Republicana, cuestionó un artículo que habilita al Poder Ejecutivo a modificar el tope del aumento del Impuesto Automotor, a lo que Palmieri respondió que esa cláusula “está desde siempre” y aseguró que podría retirarse si así lo decide la Legislatura. Finalmente, Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, puso el foco en la reclasificación de nuevas actividades productivas, un planteo que, según se informó, será contemplado en siete rubros.