Tras el operativo fallido, otorgaron 30 días de prórroga para el desalojo en Onelli al 1700
La Justicia resolvió otorgar una prórroga de 30 días para suspender el desalojo de la vivienda donde reside Julia Chávez. La decisión se conoció luego de un operativo judicial y policial desarrollado ayer por la mañana, que derivó en momentos de alta tensión y cinco personas detenidas.
La medida fue confirmada en el lugar de los hechos, mientras continuaban las negociaciones y el despliegue de fuerzas de seguridad. El intento de desalojo había generado la concentración de vecinos, lo que llevó al corte del tránsito en la zona durante varias horas.
Desde la familia de la mujer indicaron que la prórroga no resuelve el conflicto de fondo, sino que posterga la ejecución de la medida. En declaraciones a la prensa, Pablo Chávez, hijo de la vecina, expresó su disconformidad con el alcance de la resolución y señaló que el plazo coincide con el inicio de la feria judicial.
El operativo dejó como saldo la detención de cinco personas, entre ellas familiares directos de Julia Chávez y allegados. Según se indicó, las personas demoradas permanecieron incomunicadas durante varias horas, mientras intervenían las autoridades judiciales correspondientes.
De acuerdo con la información oficial, la intervención policial fue suspendida de manera provisoria tras una instancia de diálogo en el interior de la vivienda, donde se constató la presencia de menores de edad, situación que motivó la participación de la Defensoría de Menores e Incapaces.
La suspensión del desalojo se enmarca en la causa civil “Petroff, Dora Elena c/ Chávez, Julia Argentina y otros s/ reivindicación”, que tramita ante la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 1. Según consta en el acta, la postergación fue el resultado de un acuerdo formal entre las partes, con aval judicial.
En ese contexto, tomó intervención el Instituto de Tierras y Viviendas del Municipio, que ofreció una solución habitacional provisoria para la familia. El plazo de 30 días quedó sujeto a la concreción de esa alternativa y no implica la anulación de la orden judicial, sino una suspensión condicionada y con seguimiento institucional.
El expediente continúa en trámite y, una vez vencido el plazo establecido, la Justicia deberá evaluar si la solución comprometida se materializó o si corresponde adoptar nuevas medidas.
(Bariloche Opina)
Con informacion de El Cordillerano