Vence la conciliación obligatoria y se define el conflicto con los controladores aéreos

Este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto entre el Gobierno nacional y el gremio que nuclea a los controladores aéreos, en el marco de la negociación paritaria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La medida, dispuesta el 23 de diciembre, permitió frenar las acciones de fuerza impulsadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Sin embargo, el conflicto salarial continúa sin resolución.

Según fuentes del sector, este viernes se llevará a cabo una nueva audiencia, en la que se analizará la posibilidad de prorrogar la conciliación obligatoria por cinco días hábiles, ante la alternativa de que el gremio retome las medidas de fuerza en el corto plazo.

Desde el entorno oficial señalaron que, “en el marco del conflicto gremial entre EANA y ATEPSA, y ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo, hoy se realizará una nueva audiencia, existiendo la posibilidad de prorrogarla por cinco días hábiles más”.

En ese sentido, indicaron que EANA continúa trabajando para destrabar el conflicto, con el objetivo de garantizar la normalidad de los vuelos en plena temporada alta de verano, aunque remarcaron diferencias con la postura del gremio.

Desde la empresa estatal también ratificaron su voluntad de diálogo, al tiempo que expresaron cuestionamientos hacia ATEPSA, al considerar que sus acciones no estarían orientadas a mejorar las condiciones laborales sino a generar perjuicios operativos.

La negociación paritaria no depende directamente de EANA, ya que, como empresa estatal, se rige por la pauta salarial establecida para el empleo público, bajo la órbita del área conducida por Maximiliano Fariña.

Además, este viernes a las 11.15 se realizará una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, instancia en la que se definiría una extensión de la conciliación por una semana más.

Fuentes oficiales recordaron que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley, por lo que no pueden ser interrumpidos de manera inmediata. Cualquier medida de fuerza debe ser comunicada con cinco días de anticipación y no puede afectar más del 45 % de las operaciones, además de estar prohibidas mientras esté vigente la conciliación obligatoria.

La posibilidad de prórroga está contemplada en la normativa laboral vigente y busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, encabezado por su secretaria general Paola Barritta, recupere la facultad de convocar asambleas o paros que podrían impactar en el flujo de pasajeros.

El conflicto registra antecedentes recientes. En julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria para desactivar un plan de protestas. En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional, que derivaron en un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15 % en cuatro tramos.

En noviembre, ATEPSA retomó las acciones gremiales con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la suspensión de capacitaciones técnicas y tareas de mantenimiento. En diciembre, las medidas afectaron vuelos de pasajeros durante dos días, lo que dio origen a la actual conciliación obligatoria.

El conflicto también llegó al ámbito judicial. La Justicia Federal investiga, por un lado, la validez de un acta paritaria de fines de 2023, en la que se analiza la presunta responsabilidad de Gabriela Logatto, ex presidenta de EANA, y de Paola Barritta, por un documento que habría establecido aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de la empresa.

Por otro lado, EANA presentó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de elementos sindicales en torres de control que podrían haber interferido en la visibilidad y en la operación técnica.

El vencimiento de la conciliación obligatoria coloca al Gobierno ante una decisión estratégica, en un contexto donde la política de austeridad convive con la necesidad de garantizar la operatividad del transporte aéreo, un sector que depende de personal altamente especializado y difícil de reemplazar. (NA)