Río Negro ratificó el acuerdo para el proyecto Argentina LNG y se posiciona como hub exportador de energía

La Legislatura de Río Negro sancionó por mayoría la ley que ratifica el acuerdo con YPF y Argentina LNG SAU para avanzar en el proyecto Argentina LNG, una megaobra de infraestructura energética que busca convertir a la provincia en un nodo clave de exportación de gas natural licuado (GNL) hacia los mercados internacionales.

La iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos y 4 negativos, y establece las bases para una inversión de escala histórica que apunta a transformar la matriz productiva regional, generar empleo y posicionar a Río Negro en el mapa global de la energía.

El legislador Lucas Pica (JSRN), miembro informante del proyecto, defendió con énfasis el acuerdo y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que Río Negro fue la primera provincia en adherir. Señaló que “sin RIGI no hubiéramos tenido esta propuesta” y calificó la iniciativa como “la inversión privada más grande de la historia del país”, destacando que el proyecto representa una reparación histórica para la Norpatagonia frente al centralismo porteño.

Desde el oficialismo se remarcó que el desarrollo del complejo en el Golfo San Matías permitirá exportar el gas de Vaca Muerta al mundo, con proyecciones que, sumadas a otros proyectos energéticos, podrían llevar a que los puertos rionegrinos despachen hasta 40.000 millones de dólares anuales en exportaciones hacia 2030/2031, con impacto directo en la balanza comercial argentina.

Uno de los ejes del debate fue la defensa de los beneficios fiscales y regulatorios otorgados a las empresas para viabilizar la inversión. Desde el bloque oficialista se sostuvo que el régimen busca equiparar a la Argentina con otros países que compiten por capitales internacionales, brindando previsibilidad tributaria por 30 años, libre disponibilidad de divisas y un marco de seguridad jurídica que genere “un shock de confianza”.

Asimismo, se garantizó que la provincia no cede competencias ambientales ni laborales, y que se aplicará de manera estricta la normativa local que prioriza la contratación de mano de obra y proveedores rionegrinos, bajo la premisa de “primero los nuestros”. También se destacó la inclusión de una planta fraccionadora de gases en tierra, que aportará valor agregado en suelo provincial y empleo industrial.

Desde la oposición se expresaron fuertes críticas al acuerdo. Legisladores de distintos bloques advirtieron sobre riesgos ambientales en el Golfo San Matías, cuestionaron la asimetría económica del pacto, el alcance del RIGI, las exenciones impositivas otorgadas a las empresas y la limitada participación de la provincia en la renta del negocio energético. También se plantearon objeciones sobre el impacto del proyecto en el perfil turístico y productivo de la costa atlántica rionegrina.

El debate expuso dos miradas contrapuestas: por un lado, la del oficialismo y bloques aliados, que consideran al proyecto una oportunidad histórica de desarrollo, empleo e inserción internacional; y por otro, la de sectores que advierten sobre un modelo extractivo con altos costos ambientales y bajos retornos económicos para la provincia.

Finalmente, la norma faculta al Poder Ejecutivo a avanzar con las adecuaciones administrativas y presupuestarias necesarias, y aclara que el acuerdo ratificado constituye el inicio del proceso, quedando pendientes los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas que deberán realizarse en las siguientes etapas del proyecto.