Quiso calentar su pileta y terminó ganando un juicio por mala info del proveedor

La búsqueda comenzó con un objetivo sencillo: extender la temporada de pileta en una casa de Villa El Chocón. El cliente encontró en internet una publicación que ofrecía una bomba de calor para piscinas, con un rango de capacidad que coincidía con el volumen de su pileta. Motivado por la descripción del producto, decidió avanzar con la compra.

Sin embargo, al instalar el equipo, el cliente constató que no lograba elevar la temperatura del agua al nivel esperado. La promesa comercial quedó lejos de la realidad, lo que dio inicio primero a reclamos extrajudiciales y luego a un proceso judicial en Cipolletti.

El conflicto no giró sobre la existencia de la operación, sino sobre qué información recibió el cliente antes de pagar y cuál era el deber de asesoramiento del proveedor en una relación de consumo. La causa se enmarcó en la Ley de Defensa del Consumidor y en las normas del Código Civil y Comercial sobre publicidad, contratos de consumo y obligación de informar.

En el expediente surgió un dato clave: la publicación digital indicaba las características técnicas, incluyendo volumen de agua recomendado y rango de temperatura, pero no aclaraba que el rendimiento previsto solo aplicaba a piscinas cubiertas con isotérmica y bajo condiciones específicas, información que aparecía únicamente en letra pequeña en el manual de uso.

El informe técnico reforzó esta diferencia, indicando que el equipo podía coincidir con el volumen de agua, pero no con la pileta al aire libre en una zona con amplitud térmica marcada. Los testimonios confirmaron que la publicidad no advertía las limitaciones reales del producto para ese contexto.

El demandado alegó que la compra se canalizó por un tercero y que no hubo consulta técnica previa sobre el lugar de instalación. Sin embargo, el fallo consideró que la obligación principal de brindar información clara y suficiente recae sobre el proveedor, independientemente de esos argumentos.

El juez concluyó que hubo falta de información y asesoramiento, por lo que hizo lugar parcial a la demanda y reconoció un reclamo por daño moral en favor del cliente. En cambio, rechazó el pedido de daño punitivo, al no acreditarse una conducta con gravedad excepcional.