Río Negro aplicó 6 cesantías y 33 suspensiones por faltas graves en el Estado

El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de procesos por faltas graves dentro del Estado.

Desde el Ejecutivo señalaron que las sanciones buscan garantizar el funcionamiento eficiente de la administración pública y asegurar que los recursos se destinen a la prestación de servicios de calidad.

De acuerdo a los datos oficiales, desde el inicio de la gestión en enero de 2024 se tramitaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, lo que permitió avanzar sobre casos que anteriormente registraban demoras. Como resultado, se contabilizan 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones, además de 91 sobreseimientos y 245 archivos por falta de pruebas.

Las cesantías más recientes responden en su mayoría a abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de manera prolongada sin justificación y sin retomar contacto con el Estado, incluso tras intimaciones formales.

Entre los casos relevados, se sancionó a un trabajador de un hospital público encargado de otorgar turnos para tomografías, quien no cumplía con su carga horaria, afectando el acceso de pacientes a estudios de alta complejidad. También se dispuso la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, además de haber abandonado su puesto.

Asimismo, se aplicaron suspensiones por conductas como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación, o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.

El sistema disciplinario es progresivo: cuando un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía. Según se indicó, el control se ejerce de manera transversal, aunque la mayor cantidad de casos se concentra en el área de Salud, por la dimensión del sector y la criticidad de sus servicios.

Las sanciones también alcanzaron a organismos como SENAF, IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.

Desde el Gobierno destacaron que los procesos son rigurosos y transparentes, con sumarios en los que se reúnen pruebas y se garantiza el derecho a defensa. La decisión final corresponde a la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN.

“Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.